Gobierno propone diálogo con sectores y sanción para bloqueos

Señalando que, desde el inicio de su gestión, la política del Gobierno nacional es dialogar con cualquier sector social y atender demandas legítimas, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, advirtió que quien opte por la imposición de la violencia y esté en contra de los derechos humanos de la población a través del bloqueo de caminos, más aún si estas medidas son instruidas y financiadas por el narcoterrorismo, “se va a ir a la cárcel”.
“El que esté en esa actitud de bloquear caminos, se va a ir a la cárcel. En Bolivia se está cumpliendo la ley y la ley se va a cumplir para aquellos que estén bajo ese manto”, declaró el primer mandatario, en un breve contacto con medios tras el acto de lanzamiento del Censo Agropecuario 2026.
Paz Pereira respaldó su advertencia recordando que los 53 días de bloqueo de caminos de mayo y junio pasados, fueron financiados por el narcoterrorismo. En contraparte, afirmó que, quienes quieran hacer uso legítimo y legal del derecho a la protesta, pueden hacerlo al estar amparado en la Constitución Política del Estado.
De esta forma, se ratifica la vigencia del estado de excepción que decretó el Ejecutivo en junio y cuya vigencia fue ampliada por tres meses más ante las amenazas del sector cocalero, liderado por Evo Morales y sus dirigentes acólitos, de iniciar una movilización social como protesta contra el incremento de precios de los alimentos por la suspensión del subsidio al diésel; pero, sobre todo, desconocer los cinco años de gestión gubernamental que debe cumplir y completar Paz Pereira.
“Siempre hemos dialogado, los 53 días de bloqueos no se hizo uso de la fuerza, sí de la mesa del diálogo y del consenso”, ratificó el mandatario, aseverando que, quienes bloqueen caminos, “estarían muy equivocados, porque lo que Bolivia necesita es producir”.
Finalmente, el presidente informó que su gestión gubernamental está encarando una gran agenda de transformación estructural que incluye la economía nacional y los sistemas judicial y democrático. “Se está transformando la realidad (…) hemos dicho, ordenar la casa ahora y, el 2027, empezar a producir y crecer”, sostuvo.