Una vez más debemos expresar la sorpresa, el descontento y la rabia contenida del ciudadano común con una experiencia repetida con los actos policiales. Esta vez se trata de la mal denominada “inspección técnica vehicular”, anunciada por varios altos mandos como una nueva experiencia, en la que se pondrá énfasis en aspectos técnicos, con equipos y personal altamente especializado, a fin de proteger a la ciudadanía y evitar la circulación de vehículos defectuosos y peligrosos.
Para ello comenzaron subiendo el costo de dicha inspección, de Bs 30 a Bs 40, un 33% a cambio de crear una nueva incomodidad para el usuario, que ahora debe registrarse previamente en un programa supuestamente enlazado con datos del SEGIP y Registro de Vehículos de la Policía. O sea, añadieron un día más de pérdida de tiempo, porque cuando se hizo la consulta de requisitos en las oficinas de la Policía en San Pedro, calle México, nadie sabe y solo muestran un detalle de lugares, más reducido que en años anteriores; una ironía, más vehículos y menos lugares de inspección. Efectuado el registro, informan de una hora, día y lugar para llevar físicamente el motorizado a sus módulos policiales, que no son más que casetas improvisadas, como el del Parque de Las Cebras en Sopocachi.
Previamente y como ya se hizo el registro virtual, se debe pagar en el Banco y allí uno se entera que subieron su tarifa sin explicación o fundamento alguno. Llegados al lugar, en la hora exacta, porque si se atrasa debe volver a iniciar el proceso, hay que presentar nuevamente las famosas fotocopias, supuestamente ya anuladas en los sistemas de este país tranca, de documentos que están digitalizados en los sistemas del SEGIP, las Alcaldías y Tránsito. Gasto de plata y más burocracia.
Luego el funcionario policial uniformado por fuera, pero sin ningún conocimiento de mecánica, procede a la revisión. Luces, guiñadores, limpiaparabrisas, nivel del aceite, botiquín que no saben para que sirve cada cosa de su contenido; rueda de auxilio presionada con la mano, en la cual tiene, supuestamente, un medidor de presión de aire incorporado y el extinguidor con carga reciente no mayor a un año, cuando la propia empresa de recarga informa que un extinguidor sin uso puede tener una recarga por dos a tres años ¿(negocio compartido)? Si le cae mal al uniformado, se entretiene buscando la identificación del vehículo, números de chasis y motor que, obviamente, no tiene la menor idea de dónde se encuentran y, en caso contrario, pasa a la foto. ¿Dónde está la revisión con escáner para revisar la emisión contaminante? ¿Cuándo y cómo podrían revisar el estado de los frenos? Ya que esta es la causa común en todos los accidentes de vehículos públicos, la cual desaparece en las oficinas de accidentes de tránsito de acuerdo a tarifa especial.
Para mayor ironía hacen parar al conductor, que no siempre es el propietario, para tomar foto; antes era junto al vehículo, ahora es aparte y como en un prontuario debe ser de frente, lado izquierdo, derecho, vista arriba, vista abajo y una más por si acaso. ¿La revisión técnica es para el vehículo, o es documental y de propiedad, o es la apertura de un prontuario para el conductor?
Todo este moroso trámite obviamente es para el vehículo particular de los honestos propietarios que cuidan su vida y tienen a su vehículo con los mantenimientos técnicos correspondientes, porque para los públicos el trato es diferente. Cada sindicato manda su lista de afiliados y la policía entrega la misma cantidad de rosetas de inspección, sin mirar siquiera al vehículo o al conductor, (que además tienen un costo menor que para el particular, sin saber por qué), más allá de la presión de los sindicatos, cuyos ejecutivos son los mismos policías disfrazados de civiles y propietarios de varias unidades que obtuvieron esa “conquista social”. Sin entender que esos vehículos a diario recorren calles y carreteras transportando gente a cambio de pasajes y dispensando mal trato e incomodidad a los pasajeros sujetos a la tiranía e ignorancia del chofer. Qué vehículos tienen mayor desgaste y corren más riesgo, ¿los particulares de dueños que cuidan sus vidas y capital invertido o los de transporte público que trabajan, a veces 24 horas, sin cuidado alguno por no ser propietarios y sin cultura de protección de vidas ajenas o de pensar en un correcto y paulatino control mecánico y técnico del motorizado?
La cereza de la torta de esta experiencia boliviana, única en el mundo civilizado del Siglo XXI, propia de un país fallido y subdesarrollado, es cuando uno se entera, por informes de los propios uniformados, que este trámite es simplemente un medio de recaudación de fondos para la institución y beneficia al incremento de capital de las varias cooperativas de policías, las mismas que fueron acusadas de malos manejos en varias gestiones, sin que jamás se conozca a los culpables, pues con un simple cambio de destino el problema se acaba. Y los policías de base que desean obtener un beneficio de préstamo u otro diferente como vivienda, deben presentar más requisitos que un banco particular y que son rechazados porque se agotaron los fondos que beneficiaron a los de mayor jerarquía.
¿Para qué sirve la Inspección Técnica Vehicular? Solo para recaudar fondos para una institución que, cada vez demuestra mayores errores, como volteos de droga y dinero, coimas, abuso, prepotencia y que está al servicio de particulares, como ser custodiando las calles de las embajadas, para que nadie se parquee ni un instante, o como simples porteros en bancos, clínicas estatales y particulares y ciertos negocios como el futbol, que bien podrían utilizar servicios de seguridad especializada y debidamente autorizada, dejando a los policías en libertad de cumplir para lo que fueron formados con plata del Estado, PROTEGER a la ciudadanía, en lugar de estafarla con un cuento burocrático y obligatorio. Lástima que con este proceder llegan hasta la Vicepresidencia.