El exministro de Justicia Iván Lima, fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía, un exejecutivo de la Aduana Nacional y un empresario privado figuran entre los 12 ciudadanos bolivianos cuyas visas fueron revocadas por Estados Unidos, dentro de una nueva política de restricciones de ingreso aplicada por ese país.
La medida fue comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que informó que las restricciones también alcanzan a los familiares de las personas incluidas en la lista. La política se aplica, según Washington, contra ciudadanos extranjeros a los que atribuye acciones de corrupción o narcotráfico que socavan gobiernos elegidos democráticamente.
Entre los afectados está Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional durante el gobierno de Luis Arce. También figuran Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal Departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz; y Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal Departamental de Chuquisaca.
La relación incluye además a Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
En el caso de los jueces incluidos en la lista, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, sostuvo que cada autoridad judicial debe responder por las resoluciones que emite y que, si se abre una investigación por alguna actuación, deberá asumir las responsabilidades que correspondan.
Los tres jueces alcanzados por la medida son Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza. Sobre Chane Caballero, la información difundida respecto a la decisión estadounidense señala que autorizó la detención domiciliaria del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el denominado caso Maletas. Flores Paniagua también habría firmado el mandamiento de libertad de Zeballos, mientras que Vedia Espinoza estuvo a cargo del control de la detención preventiva de Misael Nallar por el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo.
Saucedo también precisó que el TSJ no tiene atribuciones para designar, sancionar o suspender jueces, debido a que esas competencias corresponden al Consejo de la Magistratura. La aclaración fue realizada al referirse a las autoridades judiciales incluidas en la medida anunciada por Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, los 12 ciudadanos tenían visas vigentes que fueron revocadas como parte de la aplicación de la nueva política estadounidense. La disposición también contempla a sus familias y establece restricciones para su ingreso a Estados Unidos.
Washington informó, además, que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener una. La medida se aplica dentro de la política anunciada por Estados Unidos para restringir visas a ciudadanos extranjeros y sus familiares cuando, según la evaluación de ese país, sus actividades están relacionadas con corrupción o narcotráfico y afectan a gobiernos elegidos democráticamente.
En el caso de los tres jueces, la posición expresada por Saucedo establece que las eventuales responsabilidades deben determinarse de manera individual a partir de las resoluciones emitidas por cada autoridad y dentro de las instancias competentes del Órgano Judicial.