El uso del avión presidencial durante el reciente viaje oficial a Estados Unidos y el supuesto pago de 3,5 millones de dólares por una publicación en un medio internacional generaron cuestionamientos que fueron respondidos por el Órgano Ejecutivo, que negó un empleo personal de la aeronave y anunció una revisión del caso relacionado con la difusión del material publicitario.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo que la aeronave FAB-002 fue utilizada como parte de las actividades oficiales desarrolladas durante su visita a Estados Unidos y afirmó que las escalas realizadas por la aeronave obedecieron a razones técnicas.
El mandatario señaló que el viaje tuvo como finalidad realizar gestiones para canalizar recursos hacia Bolivia mediante distintas instituciones y aseguró que esas acciones permitirían movilizar alrededor de 10.000 millones de dólares.
Paz defendió el uso de la aeronave oficial al considerar que forma parte de los instrumentos de trabajo disponibles para el ejercicio de la función pública.
Durante sus declaraciones, también hizo una comparación con el uso que, según afirmó, se dio al avión presidencial durante la gestión del expresidente Evo Morales y remarcó que, en su caso, el objetivo fue cumplir una agenda de gestión y búsqueda de recursos.
La segunda controversia está relacionada con una separata publicitaria de 12 páginas difundida en USA Today bajo el título “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”.
El material expone aspectos relacionados con las reformas económicas del Gobierno, la apertura a inversiones y el potencial de recursos minerales como litio, plata y estaño.
A partir de esa publicación comenzó a circular la versión de que el costo habría alcanzado los 3,5 millones de dólares. La autoridad indicó que recibió información según la cual ese monto no habría sido desembolsado.
Además, cuestionó que la cifra se hubiera establecido tomando como referencia un cálculo estimado del costo por página y aseguró que no autorizó un pago por ese valor.
El mandatario afirmó que el caso será investigado para determinar si existió una contratación o algún desembolso relacionado con la publicación y, en caso de confirmarse, establecer quiénes participaron en el procedimiento.
También manifestó que no se opone a que la Asamblea Legislativa solicite información sobre el caso y señaló que cualquier contratación o pago deberá ser transparentado.
La autoridad aseguró que, si la revisión confirma la existencia de una erogación de recursos, los responsables tendrán que explicar las condiciones en las que se realizó y la información será puesta en conocimiento de la población y de los medios de comunicación.
Las declaraciones buscan responder a los cuestionamientos surgidos tanto por el itinerario del avión presidencial como por el costo atribuido a la publicación internacional, dos asuntos sobre los cuales el Gobierno anunció que ofrecerá información una vez concluida la verificación correspondiente.