La actuación de la Fiscalía en casos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados visibles después de las detenciones preventivas, mientras algunos de los investigados terminan beneficiados con medidas sustitutivas o arresto domiciliario pese a que las pesquisas fueron iniciadas con anuncios de importantes hallazgos.
El caso de Marcelo Arce Mosqueira concentra parte de estas observaciones. El hijo del expresidente Luis Arce fue enviado en marzo a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 140 días, dentro de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado, y posteriormente obtuvo arresto domiciliario mientras el proceso continúa abierto.
La situación es cuestionada porque la Fiscalía había informado inicialmente sobre la identificación de bienes inmuebles, vehículos y movimientos financieros vinculados al investigado. Sin embargo, el abogado constitucionalista Roberto de la Cruz observó que, después de esos anuncios, no se conocieron públicamente resultados proporcionales de la investigación antes de que Arce accediera a una medida menos gravosa.
Para De la Cruz, el problema no radica únicamente en que los investigados recuperen su libertad, sino en lo que ocurre con las investigaciones una vez que concluyen los periodos de detención preventiva. En su criterio, una actuación eficaz debería traducirse en la obtención de pruebas, identificación de responsables, recuperación de recursos y presentación de acusaciones cuando existan elementos suficientes.
“El pueblo no pide detenciones para la foto, sino que exige investigación, demostrar con pruebas y justicia”, sostuvo.
El planteamiento adquiere relevancia en otros procesos de alto impacto mencionados por el abogado, relacionados con corrupción y narcotráfico, en los que cuestionó que personas inicialmente detenidas posteriormente hayan obtenido su libertad sin que se conozcan resultados concluyentes. La observación apunta así a una brecha entre los anuncios iniciales de las investigaciones y la capacidad institucional para llevarlas hasta sus siguientes etapas procesales.
En el caso Arce, el viceministro de Transparencia, Yamil García, sostuvo que la investigación todavía se encuentra en desarrollo y que precisamente existen nuevos elementos que requieren ser investigados. Según explicó, después de la imputación inicial fueron identificadas otras dos personas que presuntamente habrían intervenido como terceros en movimientos económicos, mientras que el rastreo patrimonial permitió encontrar nuevos bienes, transacciones y otros elementos vinculados al proceso.
Entre los elementos señalados por García se encuentran una propiedad de más de 500 hectáreas en Villamontes, vehículos, transacciones hacia Uruguay y un edificio en construcción con más de 50 departamentos. También mencionó documentación relacionada con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hallada durante allanamientos y la presunta participación de personas vinculadas a esa empresa, aspectos que, según la autoridad, todavía deben ser esclarecidos dentro de la investigación.
García considera que la sustitución de la detención preventiva puede generar riesgos para ese trabajo investigativo, debido a que el rastreo financiero todavía no habría concluido. “Si se le concede medidas sustitutivas, ese rastreo puede verse afectado, alterado, ocultado”, afirmó.
El contraste entre ambas posiciones deja como principal cuestionamiento la capacidad del sistema de persecución penal para avanzar desde las detenciones y los primeros hallazgos hasta el esclarecimiento de los hechos. Mientras el Gobierno sostiene que en el caso Arce todavía existen elementos por investigar, De la Cruz reclama resultados verificables que permitan determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió con los recursos presuntamente vinculados a los delitos investigados.
La discusión, por tanto, no se limita a la procedencia de una detención preventiva o de su sustitución por arresto domiciliario. El punto central está en la eficacia de las investigaciones y en si el Ministerio Público logra convertir los indicios inicialmente anunciados en pruebas suficientes para sustentar acusaciones y, cuando corresponda, obtener decisiones judiciales sobre las responsabilidades investigadas. (EL DIARIO, Erbol)