Todavía queda en la memoria colectiva que Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild fueron los grandes barones del estaño. Acumularon enormes fortunas mientras el Estado recibía una parte limitada de la riqueza minera y las regiones productoras quedaban con contaminación, pobreza y abandono.
Ha pasado casi un siglo y cabe hacerse una pregunta incómoda: ¿hemos cambiado realmente la historia o simplemente cambiamos el mineral y los protagonistas?
Ya no es el estaño. Hoy es, principalmente, el oro. Y detrás de su explotación aparecen cooperativas, intermediarios, inversionistas y nuevos grupos económicos que manejan enormes cantidades de dinero, mientras las regiones productoras enfrentan graves problemas ambientales y sociales.
El debate no debería ser si Bolivia debe explotar sus recursos naturales. Por supuesto que debe hacerlo. La verdadera pregunta es: ¿cuánto de esa riqueza queda realmente en Bolivia y cuánto termina en manos de unos pocos?
Los recursos naturales son patrimonio de todos los bolivianos. Sin embargo, existen denuncias sobre operadores auríferos que obtendrían grandes ganancias con escasa contribución tributaria, mientras las comunidades campesinas y los pueblos indígenas soportan las consecuencias de la actividad minera: deforestación, destrucción de riberas, alteración de los ríos y contaminación por mercurio.
La situación resulta todavía más preocupante cuando se denuncia que determinados inversionistas privados, incluso extranjeros, estarían operando mediante acuerdos con algunas cooperativas. Si esas denuncias se confirman, estaríamos ante un sistema en el que las ganancias son privatizadas y los daños son socializados.
Por eso hay preguntas que el Estado debe responder con absoluta transparencia: ¿quién extrae el oro?, ¿cuánto extrae?, ¿quién lo comercializa?, ¿cuánto paga en impuestos y regalías y cuánto queda efectivamente en las regiones productoras?
No puede ser que un país rico en oro tenga dificultades para conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de esa riqueza.
El costo del oro
Existe otro costo que muchas veces no aparece en las estadísticas: el costo ambiental. En varias zonas auríferas se han denunciado la destrucción de bosques, la remoción de suelos y la contaminación de cursos de agua. El uso del mercurio es particularmente preocupante porque puede incorporarse a las cadenas alimentarias y afectar a poblaciones que dependen de los ríos para su alimentación y subsistencia.
Los pueblos indígenas de la Amazonía no pueden convertirse impunemente en las víctimas silenciosas de la fiebre del oro.
La paradoja es evidente: mientras unos acumulan riqueza extrayendo oro, otros se quedan con los ríos contaminados, los bosques destruidos y los territorios degradados. Eso no puede ser llamado desarrollo.
Tampoco es aceptable que quienes obtienen grandes beneficios de los recursos naturales exijan permanentemente nuevas áreas de trabajo, combustible, explosivos y otras facilidades, sin que antes exista una fiscalización rigurosa sobre las áreas que ya tienen y sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ambientales.
Las cooperativas mineras tienen reconocimiento legal y cumplen un papel dentro de la economía nacional. Pero ninguna organización, por poderosa que sea, puede estar por encima de la ley.
Quien obtiene mayores ganancias debe contribuir proporcionalmente más al Estado. Las regalías deben beneficiar realmente a las regiones productoras. Los daños ambientales deben ser reparados por quienes los ocasionan. Y los derechos territoriales de los pueblos indígenas deben ser respetados.
También necesitamos trazabilidad del oro, desde el lugar donde se extrae hasta el lugar donde se comercializa y exporta. Porque si no sabemos quién extrae nuestro oro, cuánto extrae, cuánto paga y dónde termina, entonces el Estado no está controlando realmente ese recurso.
No repitamos la historia
La historia de los barones del estaño debería servirnos de memoria. No podemos permitir que nuestros hijos, dentro de veinte años, tengan que estudiar nuevamente cómo unos cuantos acumularon fortunas extraordinarias, mientras Bolivia se quedó con los pasivos ambientales.
No se trata de estar contra la minería ni contra quienes trabajan honestamente en ella. Se trata de defender el patrimonio de todos los bolivianos y exigir que la explotación de nuestros recursos genere ingresos para el país, empleo digno, desarrollo regional y protección del medio ambiente.
Porque una cosa es explotar racionalmente nuestras riquezas y otra muy diferente es permitir su saqueo.
Mientras unos se llevan el oro, otros se quedan con los huecos, los ríos contaminados y los territorios destruidos.
Eso no es desarrollo. Eso es saqueo.
Bolivia no puede seguir exportando su riqueza y quedándose con la contaminación.
No es envidia. Es memoria. Y es hora de no acostumbrarnos.
El autor es comunicador social.