El país atraviesa un punto de quiebre donde la crisis económica no es más que el síntoma visible de un mal mucho más profundo: el colapso institucional. Tras dos décadas de erosión del Estado de derecho, la corrupción dejó de ser un problema de ineficiencia o desvío de fondos para transformarse en el verdadero método de gobierno, impregnando todos los estamentos del aparato público.
Para comprender la magnitud del escenario actual, es necesario examinar los pilares que consolidaron esta degradación sistémica:
– Vulneración del pacto constitucional y el fraude electoral: El desconocimiento de la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y el fraude electoral del 2019 confirmaron que las reglas democráticas pasaron a ser prescindibles cuando el objetivo es la permanencia perpetua en el poder político.
– Captura y degradación del aparato público: La corrupción se ramificó en cada nivel de la administración del Estado. Ministerios, direcciones nacionales, aduanas y empresas estatales operan bajo un esquema de prebenda, donde el mérito fue sustituido por el cuoteo político y el soborno estructural. Las instituciones públicas pasaron de servir al ciudadano a convertirse en botines de poder.
– Judicialización de la política y mercantilización de la justicia: El Órgano Judicial no solo perdió su independencia para actuar como brazo represor del poder de turno, sino que institucionalizó la extorsión. La protección a la ilegalidad y la persecución a disidentes se convirtieron en mercancías de cambio dentro de un sistema donde la ley se aplica según el precio o la conveniencia del momento.
– Blindaje a la economía subterránea: La permisividad con la ley de la coca —que terminó legalizando zonas de producción ilegal destinadas al narcotráfico— y el libre contrabando en las fronteras son el resultado directo de la complicidad estatal. Estas actividades informales e ilícitas terminaron por sofocar a la industria nacional y destruir el aparato productivo formal.
– Inviabilidad de las empresas del Estado: Al igual que ocurrió a mediados del Siglo XX con entidades macroestatales devoradas por la burocracia y la ineficiencia, las actuales empresas públicas representan un drenaje constante de recursos, sirviendo más al refugio de militantes y redes prebendales que a la generación de riqueza para el país.
En 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro asumió que el país no se salvaba con paños fríos. Su célebre diagnóstico de que “Bolivia se nos muere” derivó en medidas de fondo que desarticularon los focos de corrupción e ineficiencia de la época, cerrando entidades estatales como la Comibol y restableciendo el orden mediante el Decreto Supremo 21060.
La crisis presente demanda un temple similar. Desarmar esta compleja red no se logrará con reformas cosméticas ni relevos de autoridades. Exige un audaz proceso de desmantelamiento de la burocracia corrupta, la liquidación o privatización de entidades estatales deficitarias, la restauración inmediata de la independencia del Órgano Judicial y la abrogación del entramado normativo que ampara la ilegalidad. Solo restableciendo el imperio de la Constitución Política del Estado y la transparencia plena será posible refundar la república sobre bases de legalidad y probidad.
El autor es periodista.