El exgobernador del penal de San Pedro, Allen Acosta, enfrenta seis denuncias presentadas por privados de libertad, una de ellas por la entrega de un televisor y un frigobar, mientras las otras cinco señalan presuntos cobros de entre Bs 3.000 y Bs 5.000 y actos de tortura.
La denuncia más reciente fue presentada el 14 de septiembre ante Régimen Penitenciario por el privado de libertad Luis Fernando B. B., quien solicitó la devolución de un televisor de 43 pulgadas y un frigobar que, según su carta, fueron entregados al entonces gobernador del recinto penitenciario el 2 de agosto de este año.
Acosta reconoció que recibió ambos aparatos y sostuvo que fueron entregados de manera voluntaria en calidad de “donación” para el trabajo de la dirección del penal. Un día después de la presentación de la denuncia, suscribió un acta de entrega en la que dejó constancia de que los equipos se encontraban al interior del recinto penitenciario.
El documento identifica al televisor como un equipo plasma marca CHIQ y al frigobar como uno de marca Deadwood. Sin embargo, no establece a quién fueron posteriormente entregados los aparatos, por lo que, de acuerdo con la documentación revisada, se presume que permanecen en la Gobernación del penal. La denuncia tampoco precisa por qué el privado de libertad entregó los electrodomésticos.
OTRAS CINCO DENUNCIAS
Los otros cinco casos corresponden a notas suscritas por privados de libertad que señalan a Acosta por presuntos cobros de entre Bs 3.000 y Bs 5.000. Las denuncias también mencionan supuestos actos de tortura, entre ellos el aislamiento de internos en la sección conocida como Muralla.
Acosta negó esas acusaciones y atribuyó las quejas a una supuesta acción de River Covarrubias, exedecán de Evo Morales, a quien señaló por direccionar las denuncias de los internos. Covarrubias, por su parte, sostuvo que el exgobernador incurría en abusos y cobros ilegales.
El director departamental de Régimen Penitenciario, Fernando Cortez, informó que las denuncias presentadas por los privados de libertad están siendo “analizadas”.
Un funcionario del Comando General de la Policía, mostró el expediente de las denuncias y señaló que el caso debería ser conocido por la Dirección de Investigación Policial (Didipi). Según la fuente, esa instancia habría rechazado las primeras denuncias y solicitado a los internos que reformulen sus reclamos.
El funcionario consideró que ese rechazo debe ser revisado para establecer si cuenta con fundamento y señaló que los privados de libertad que suscribieron las denuncias están dispuestos a brindar su versión sobre los hechos.
Respecto a la entrega del televisor y el frigobar, la fuente señaló que se debe verificar los registros correspondientes al 2 de agosto y establecer bajo qué autorización ingresaron los equipos al penal.
El caso también plantea la revisión de las normas que regulan la recepción de obsequios por parte de servidores públicos. El artículo 14 de la Ley del Funcionario Público prohíbe a estos servidores aceptar de personas individuales o colectivas, públicas o privadas, obsequios, regalos, beneficios u otras dádivas cuando estén orientados a favorecer directa o indirectamente las gestiones a su cargo o a ejercer influencias ante otros servidores públicos. (Con información de Erbol)