El acuerdo entre Bolivia y el FMI no es solamente un programa de financiamiento externo; en los hechos define una reorientación profunda de la economía. Su objetivo inmediato es corregir desequilibrios fiscales, externos y monetarios, mientras procura sentar las bases para una economía orientada al mercado, con mayor participación privada y menor dependencia del financiamiento del Banco Central.
La aplicación del Acuerdo puede generar beneficios importantes para la industria nacional en el mediano plazo, especialmente por la normalización cambiaria, la estabilidad macroeconómica y la apertura de oportunidades de inversión. Sin embargo, es previsible que sus efectos iniciales sean contractivos.
La eliminación de subsidios a los combustibles, la depreciación cambiaria, el endurecimiento monetario, la reducción del gasto público y la liberalización de precios inevitablemente elevarán los costos de producción y reducirán la demanda interna antes de que aparezcan los beneficios de la estabilización.
La industria manufacturera enfrentará una transición particularmente difícil. Muchas empresas dependen de combustibles, electricidad, transporte, insumos importados, maquinaria y financiamiento bancario, que se encarecerán. Además, seguirán expuestas a conflictos sociales, debilidad institucional, volatilidad de precios internacionales y problemas de infraestructura.
Las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables al ajuste. El incremento del precio de los combustibles va a producir aumento de los costos logísticos y de los insumos, además de reducción de márgenes de utilidad. En contrapartida, pueden obtener beneficios en el mediano plazo, sobre todo por la reducción de las distorsiones cambiarias y la previsibilidad del costo real de importar y exportar. Esta ventaja solo se materializará si existe acceso suficiente a insumos, crédito e infraestructura.
El Acuerdo también contempla reformas para reducir los costos laborales y promover el empleo formal. Si esas reformas son diseñadas adecuadamente, pueden ayudar a que las empresas pequeñas formalicen trabajadores sin enfrentar un salto excesivo en sus costos. En cambio, si se limitan a aumentar controles y sanciones sin reducir cargas tributarias, laborales y administrativas, producirán más informalidad.
El contrabando es uno de los factores que puede determinar si la manufactura nacional sobrevive. La liberalización puede reducir algunos incentivos al contrabando, pero no sustituye al Estado. Sin aduanas eficaces, justicia funcional y mecanismos de control capaces de hacer cumplir las reglas, la apertura puede terminar favoreciendo precisamente a quienes operan al margen de ellas.
La conflictividad social representa otro riesgo para la industria en la etapa de estabilización. El Acuerdo advierte que la eliminación de subsidios puede reavivar el malestar social y los conflictos. La manufactura es particularmente sensible porque opera con inventarios reducidos y depende de entregas relativamente frecuentes.
El resultado dependerá de si el Estado aplica una política coherente de transición y, sobre todo, si establece mecanismos de protección a la industria nacional que le ayuden a soportar los cambios bruscos. Si son eliminadas de manera indiscriminada las preferencias razonables a la producción nacional para obtener el menor precio inmediato, se puede poner en riesgo la supervivencia de segmentos enteros de la industria manufacturera.
La aplicación del Acuerdo puede mejorar las condiciones estructurales de la industria, pero su impacto no será homogéneo ni inmediato. Las empresas de este sector pueden ser las víctimas de una liberalización mal secuenciada, pero también una de las beneficiarias de una estabilización bien ejecutada. Si la transición es diseñada adecuadamente, la industria puede salir fortalecida; si se la abandona frente a un ajuste abrupto, el país puede terminar estabilizando sus cuentas mientras debilita su capacidad de producir.
El problema no es elegir entre estabilización económica e industria nacional; el verdadero desafío es lograr que la primera no destruya las capacidades productivas necesarias para alcanzar la segunda.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación De Empresarios Privados de Bolivia.