En entrevista con EL DIARIO el abogado, politólogo y almirante del servicio pasivo (SP), Hernán Darío Crespo Zambrana, afirmó que es “altamente necesario” reactivar y dar funcionalidad al Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), al considerar que Bolivia necesita una instancia que planifique la seguridad y defensa nacional con una visión de Estado y no únicamente desde los planes de cada Gobierno.
Según Crespo, el Consejo Supremo de Defensa debe encargarse de la planificación estratégica nacional a largo plazo, con una perspectiva que trascienda los periodos constitucionales y permita establecer objetivos permanentes para el Estado. A su criterio, esa planificación debería proyectarse hacia las próximas décadas y orientar las decisiones de los gobiernos de turno.
Crespo explicó que la visión de Estado implica establecer una planificación estratégica con un horizonte de varias décadas, que trascienda los periodos de Gobierno y permita definir el rumbo que debe seguir Bolivia a largo plazo.
El politólogo sostuvo que cada Gobierno puede definir sus propias prioridades, como salud, vivienda o políticas sociales, pero esas decisiones deberían desarrollarse dentro de una estrategia nacional de largo plazo que establezca los intereses y objetivos permanentes del país.
Crespo cuestionó que Bolivia haya concentrado sus esfuerzos en la planificación del desarrollo sin establecer, paralelamente, una estrategia integral para proteger sus intereses nacionales.
“Eso necesita una verdadera política de Estado y es de donde nacen los Objetivos Nacionales Permanentes, que son los hitos importantes que se deben cumplir”, señaló.
Crespo también explicó que el Consejo debería funcionar como una especie de “Pepito Grillo” del Presidente: una instancia permanente capaz de advertir al Gobierno cuando sus decisiones comiencen a apartarse de los objetivos estratégicos definidos para el Estado.
Según su planteamiento, el Gobierno puede establecer sus propias prioridades y estrategias, pero estas deben mantenerse dentro de la “avenida ancha” de una estrategia nacional de largo plazo. De ese modo, un cambio de administración no debería significar un cambio completo de los objetivos nacionales permanentes.
En ese marco, Crespo puso como ejemplo la reivindicación marítima boliviana. Recordó que el acceso soberano al mar constituye un objetivo nacional permanente y cuestionó que las políticas desarrolladas en esa materia no hayan contado, con una instancia que permita evaluar su proyección estratégica más allá de una administración gubernamental.
El almirante recordó que el Gobierno de Evo Morales planteó la Agenda Patriótica 2025, compuesta por 13 pilares, cuyo decimotercer objetivo estaba relacionado con el “reencuentro soberano” con el mar. Ese objetivo, afirmó, debía alcanzarse hasta 2025, pero no se concretó, lo que para Crespo evidencia la necesidad de contar con una estrategia nacional que trascienda los planes de cada Gobierno.
“El pilar 13, ‘Reencuentro soberano con nuestra alegría, nuestra felicidad y nuestro mar’, que debíamos haber cumplido al 2025 en el Gobierno de Arce Catacora. ¿Nos hemos reencontrado con el mar, nuestra alegría, nuestra felicidad? Pregunta: no”, cuestionó.
Crespo también observó la estrategia asumida por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y sostuvo que, a su criterio, pudo no haber sido la más adecuada por la ausencia de una instancia de planificación político-estratégica que proyectara el objetivo marítimo en el largo plazo.
El abogado señaló que existen planteamientos para impulsar otras alternativas, entre ellas un eventual arbitraje, pero advirtió que resulta difícil evaluar las decisiones adoptadas porque la documentación vinculada a la estrategia marítima permanece bajo reserva.
“No sabemos si lo han hecho bien o lo han hecho mal, porque toda la documentación tiene carácter reservado y está bajo siete llaves en Cancillería”, afirmó.
El almirante agregó que tampoco existe, según su conocimiento, una cifra exacta y pública sobre cuánto se destinó a esa estrategia, debido a que la documentación se mantiene clasificada. A su juicio, esa situación impide realizar actualmente una evaluación completa de los resultados y de las decisiones asumidas.
Crespo sostuvo que la existencia de un organismo de esta naturaleza permitiría que los gobiernos mantengan sus propios programas, pero sin apartarse de los objetivos nacionales de largo plazo. En su criterio, esa es una de las principales diferencias entre una política de Gobierno y una política de Estado.
UNA ESTRUCTURA PERMANENTE
El politólogo señaló que la experiencia regional demuestra la importancia de contar con organismos de seguridad y defensa encargados de esa planificación. Mencionó el Atlas de Seguridad y Defensa de RESDAL, que, según explicó, muestra que los países de la región cuentan con consejos o instancias similares y establecen sus funciones y mecanismos de actuación.
En su criterio, estos organismos permiten mantener una línea estratégica de Estado que debe ser respetada por los gobiernos que llegan al poder, aun cuando cada administración defina sus propias prioridades.
Crespo vinculó esta necesidad con el nivel de inversión destinado a la seguridad y defensa. Según afirmó, Bolivia se encuentra entre los países de la región que menos invierten en esta área, de acuerdo con la información que atribuyó al Atlas de Seguridad y Defensa.
“Entonces, no están protegidos nuestros intereses”, sostuvo al cuestionar el nivel de atención que recibe la seguridad y defensa dentro de la planificación estatal.
Para Crespo, un Estado que pretende proyectarse debe establecer qué intereses necesita proteger y qué capacidades requiere para defenderlos. Esa planificación, insistió, no debería depender de las prioridades circunstanciales de cada Gobierno.
REACTIVACIÓN INMEDIATA
Consultado específicamente sobre si corresponde recomendar la reactivación del Consejo Supremo de Defensa, Crespo fue enfático y consideró que la medida no debe entenderse como una simple sugerencia institucional. “No se recomienda; es altamente necesario darle funcionalidad”, afirmó.
El almirante consideró que la funcionalidad del Consejo requiere una estructura permanente de planificación y asesoramiento estratégico. En ese contexto, mencionó la figura del secretario general permanente y su equipo de trabajo como un componente fundamental para garantizar continuidad en la planificación, aunque aclaró que desconoce si actualmente fue designado un secretario permanente.
A partir de ello, Crespo cuestionó indirectamente el nivel de importancia que el actual Gobierno estaría otorgando al Consejo y sostuvo que la existencia o ausencia de esa estructura constituye un indicador de la atención que recibe la seguridad y defensa en el nivel político más alto.
Crespo también cuestionó que en las últimas elecciones los candidatos hayan centrado sus propuestas de seguridad principalmente en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Aclaró que la seguridad y defensa del Estado comprende una dimensión mucho más amplia y debe ser abordada desde el nivel estratégico nacional.
Según el politólogo, una revisión de las propuestas de los candidatos presidenciales permite advertir que existe un conocimiento insuficiente sobre la verdadera dimensión de la seguridad y defensa del Estado. Afirmó que las propuestas se concentran principalmente en potenciar a las Fuerzas Armadas, sin abordar la planificación estratégica nacional que, en su criterio, debería acompañar esas capacidades.
Según explicó, la discusión no debería limitarse a cuántos recursos reciben las Fuerzas Armadas o a qué capacidades militares deben fortalecerse, sino a determinar qué intereses nacionales deben protegerse, cuáles son las amenazas que enfrenta el país y qué estrategia debe seguir Bolivia para alcanzar sus objetivos en el largo plazo.
El abogado y politólogo sostuvo finalmente que el desarrollo nacional y la seguridad deben ser entendidos como componentes inseparables de una misma política de Estado. “Sin seguridad y defensa no hay desarrollo”, concluyó.