Desde la fundación de la República, Bolivia fue desarrollando mecanismos para proteger su territorio y responder a las amenazas externas, pero la estructura destinada a planificar y coordinar la seguridad y defensa del Estado atravesó sucesivas transformaciones y una progresiva pérdida de protagonismo institucional. Ese proceso deja en la actualidad vacíos en la planificación estratégica y un marco jurídico que no acompaña plenamente las actuales responsabilidades de defensa.
El politólogo y almirante del servicio pasivo, Hernán Crespo, explicó que la concepción de seguridad estatal comenzó a configurarse desde 1825 con el Ejército como principal instrumento de protección territorial. Posteriormente, esa estructura se amplió hacia los ámbitos marítimo, aéreo y aeroespacial, conforme evolucionaron las necesidades y capacidades del Estado.
Uno de los primeros antecedentes de planificación fue el Consejo de Defensa creado durante el gobierno de José Ballivián. Sin embargo, el principal hito institucional llegó en 1927, durante el gobierno de Hernando Siles Reyes, con la creación del Consejo Superior de la Defensa Nacional (Cosudena).
El organismo fue adquiriendo mayores atribuciones durante las décadas siguientes. En 1938 comenzó a asumir funciones vinculadas con la inteligencia estratégica y la planificación en el nivel más alto del Estado, mientras su composición incorporó a autoridades civiles y militares. Con el paso de los años cambió de denominación y estructura hasta convertirse en el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).
Crespo sostiene que esa evolución estuvo acompañada por una progresiva pérdida de protagonismo del organismo, hasta dejar de figurar como instancia de coordinación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Según su análisis, esto generó un vacío porque el Estado desarrolló mecanismos para planificar el desarrollo, pero no mantuvo con la misma fuerza una instancia destinada a proyectar sus necesidades, intereses y capacidades en materia de seguridad y defensa.
El segundo problema identificado por el almirante corresponde al rezago de las normas que regulan el sector. Bolivia modificó su Constitución en cuatro oportunidades, pero sus principales leyes militares no fueron actualizadas de manera equivalente. A esto se suma la ausencia de una Ley de Seguridad y Defensa y un conjunto de normas del sector que, según Crespo, permanece pendiente de actualización desde hace más de dos décadas.
El desfase también alcanza a los comandos estratégicos operacionales creados para responder a nuevas amenazas y responsabilidades. Crespo advierte que estas unidades no cuentan con un marco jurídico suficientemente actualizado para ejercer las atribuciones que el propio Estado les encomienda.
Como ejemplo, menciona la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el contrabando, donde los efectivos pueden enfrentar procesos después de intervenciones que terminan con personas fallecidas, debido a las limitaciones del marco normativo vigente.
El diagnóstico plantea así dos rezagos principales: la pérdida de una instancia de planificación político-estratégica y la falta de actualización del marco jurídico militar. Para Crespo, ambos factores dificultan que el Estado adapte su estructura de seguridad y defensa a las amenazas y responsabilidades actuales.