El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por hasta 180 días, mediante el Decreto Supremo 5697, promulgado el 1 de septiembre.
La medida busca revisar y controlar la cadena de importación, distribución y comercialización de combustibles, ante las deficiencias detectadas en estas operaciones.
Para realizar la fiscalización se conformó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia.
La comisión tendrá acceso a información administrativa, técnica, financiera y operativa de YPFB, con énfasis en la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
El personal de la estatal deberá entregar la documentación solicitada. Si se detectan irregularidades, la comisión podrá recomendar auditorías y remitir los casos con posibles responsabilidades a la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría.
También podrá sugerir la remoción de funcionarios, ejecutivos o personal operativo que estén involucrados en posibles irregularidades.
El decreto aclara que la intervención no cambia la naturaleza jurídica ni la estructura institucional de YPFB y que no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
El plazo podrá ampliarse por otros 90 días de manera excepcional o concluir antes si se superan las causas que motivaron la intervención.