La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y el Gobierno coincidieron en advertir que mantener dos precios para un mismo producto, como ocurre actualmente con el diésel, genera distorsiones que pueden incentivar el mercado negro, el contrabando, la reventa ilegal y la aparición de redes que terminan afectando directamente al sector productivo.
El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, cuestionó el esquema establecido mediante el Decreto Supremo 5676, que fija un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras mantiene en Bs 9,80 el precio destinado al resto de los usuarios.
Antelo señaló que la existencia de dos valores para el mismo combustible puede convertirse en un incentivo para actividades ilegales y planteó sustituir ese mecanismo por políticas de focalización dirigidas específicamente a los sectores que requieran apoyo.
“Lo que hay que buscar son mecanismos de focalización de bonos por otros mecanismos, no tener dos precios porque incentiva al mercado negro y la corrupción”, sostuvo el dirigente empresarial.
En esa línea, consideró que el Decreto Supremo 5676 no alcanzó el objetivo para el que fue planteado y afirmó que corresponde revisarlo, modificarlo o dejarlo sin efecto. Sin embargo, remarcó que cualquier decisión debe estar acompañada por medidas que garanticen el abastecimiento de combustible.
“Compartimos la preocupación de los sectores, el decreto no cumplió el objetivo. Sí es necesario abrogarlo, derogarlo, cambiarlo, modificarlo, pero debe haber abastecimiento, debe haber un sinceramiento de precio y debe solucionarse de manera urgente”, manifestó.
El representante de Cainco sostuvo además que las decisiones relacionadas con el abastecimiento y el precio de los carburantes deben incorporar las propuestas de los sectores productivos y no limitarse únicamente a la socialización de disposiciones ya definidas. También pidió evitar medidas basadas en un esquema de “prueba y error”.
La preocupación por los efectos de los precios diferenciados también fue expresada por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, durante una reunión con representantes de los sectores productivos agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
La autoridad afirmó que la diferencia de precios para un mismo producto favorece la aparición de actividades ilegales y termina perjudicando a los productores que requieren combustible para desarrollar sus labores.
“La distorsión de tener un mismo producto con dos precios distintos crea mafias que terminan golpeando al que produce, al que apuesta su capital y a las familias bolivianas. Necesitamos generar las condiciones para erradicar el incentivo del contrabando y garantizar que el combustible llegue de forma directa al verdadero productor”, sostuvo Justiniano.
Según el reporte ministerial, entre los principales problemas identificados alrededor del abastecimiento de diésel se encuentran el mercado negro, el acaparamiento y el contrabando hacia zonas fronterizas, fenómenos que estarían favorecidos por las diferencias existentes en el precio del combustible.
Durante la reunión con la CAO se abordaron tres líneas de acción: garantizar la provisión de diésel mediante controles contra el contrabando y la reventa ilegal; reducir trámites y obstáculos que afectan la competitividad del sector productivo; y facilitar el acceso a créditos y tecnología para mejorar la capacidad de producción.
El Decreto Supremo 5676 enfrenta el rechazo de diferentes sectores productivos, que demandan su abrogación y advierten que el nuevo esquema de comercialización del diésel puede elevar sus costos y afectar la continuidad de las actividades agrícolas, industriales y de transporte. (Santa Cruz, agencias)
Foto: Canal Rural