A 36 años de la histórica Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad”
El 15 de agosto de 1990 se inició una de las movilizaciones indígenas más importantes de la historia contemporánea de Bolivia: la Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad”. Más de 300 indígenas tsimanes, yuracarés, mojeños y sirionós partieron desde Trinidad rumbo a La Paz, recorriendo más de 640 kilómetros a pie, desde la Amazonía hasta la sede de gobierno.
Aquella marcha no tenía como propósito perjudicar a la población ni paralizar al país. Su objetivo era hacer visible una demanda histórica: el reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, además del acceso a la salud y la educación, frente al avasallamiento de empresas madereras y la usurpación de sus territorios.
La movilización consiguió resultados concretos. El Estado boliviano reconoció cuatro territorios indígenas mediante decretos supremos, sentando las bases para la posterior titulación colectiva de 58 territorios indígenas en tierras bajas. Pero su importancia fue mucho más allá de las reivindicaciones territoriales.
La Marcha Indígena de 1990 mostró que los pueblos indígenas podían convertirse en actores fundamentales de las luchas sociales y políticas del país. Ese proceso contribuyó al reconocimiento de Bolivia como Estado multiétnico y pluricultural en la Constitución Política del Estado de 1994, a la aprobación de la Ley INRA en 1996 y, posteriormente, a la construcción constitucional del Estado Plurinacional.
La diferencia está en la forma de luchar
A 36 años de aquella histórica movilización, resulta necesario preguntarse qué diferencia existe entre aquella marcha indígena y los bloqueos promovidos por determinadas estructuras sindicales campesinas que no son propiamente parte de su identidad histórica.
Las marchas indígenas, particularmente aquellas vinculadas a demandas territoriales y a la defensa de derechos colectivos, se caracterizaron por su carácter pacífico. Llegaban a la sede de gobierno después de recorrer grandes distancias y, lejos de encontrar rechazo generalizado, eran recibidas por sectores de la población con alimentos, bebidas, hospedaje y muestras de solidaridad.
La razón era sencilla: la sociedad podía identificar en aquellas movilizaciones una causa y una reivindicación concreta. Los indígenas marchaban para defender su territorio, su dignidad, su cultura y sus derechos, sin convertir a otros ciudadanos en víctimas de sus demandas.
Muy diferente es la percepción que generan los bloqueos sindicales cuando éstos afectan directamente el derecho de otras personas a circular, trabajar, recibir atención médica o trasladar sus productos.
Cuando un bloqueo se convierte en escenario de agresiones, amenazas, extorsiones, asaltos, robos o incluso muertes, la movilización deja de ser percibida como una legítima expresión de protesta y comienza a generar rechazo en amplios sectores de la población.
Por eso, no toda movilización social puede ser colocada en el mismo nivel. Existe una diferencia fundamental entre marchar para defender derechos y bloquear para imponer una demanda mediante el perjuicio y la presión sobre terceros.
¿Es realmente indígena el sindicalismo campesino?
Otro aspecto que merece una profunda reflexión es la naturaleza de las actuales organizaciones sindicales campesinas.
La CSUTCB, las organizaciones de mujeres campesinas Bartolina Sisa, los Interculturales y las federaciones departamentales campesinas constituyen estructuras sindicales rurales impuestas por el neocolonialismo. Por ello, es preciso plantearnos una cuestión de fondo: ¿puede identificarse automáticamente al sindicalismo campesino con las organizaciones indígenas?
Desde esta perspectiva, el sindicato rural constituye una estructura organizativa diferente a las formas propias de organización de los pueblos indígenas. Se trataría, por tanto, de indígenas organizados bajo una estructura sindical que no necesariamente responde a sus propias instituciones culturales y políticas. Se puede afirmar que son indígenas incrustados en costal ajeno.
Esta diferencia resulta fundamental cuando se analiza la historia de las luchas indígenas. Una cosa son las organizaciones indígenas que defienden territorio, cultura, identidad y derechos colectivos; otra, las estructuras sindicales que utilizan mecanismos de presión política y social para conseguir determinadas reivindicaciones.
La imposición sindical sobre el campesinado
También son cuestionables los métodos utilizados por determinadas estructuras sindicales en el área rural, particularmente en el Chapare, el altiplano y los valles.
Se denuncia la existencia de mecanismos de presión como multas, amenazas, intimidación y otras formas de coerción para obligar a comunarios a participar en bloqueos y movilizaciones.
Si una persona debe salir a bloquear porque de lo contrario recibe una multa, es amenazada o enfrenta represalias, cabe preguntarse si estamos realmente ante una movilización voluntaria o ante una forma de sometimiento.
La protesta social pierde legitimidad cuando la participación deja de ser una decisión libre y se transforma en una obligación impuesta por una estructura de poder.
En este sentido, el campesinado boliviano necesita recuperar su capacidad de decidir libremente sobre sus propias luchas y reivindicaciones, sin ser utilizado para defender intereses políticos o sindicales que pueden ser ajenos a sus necesidades reales.
Cincuenta días de bloqueos y una sociedad afectada
Los bloqueos dejaron, según el balance presentado, más de una veintena de personas fallecidas después de 50 días de movilización, además de ciudades desabastecidas, empresas afectadas, incremento de precios y un mayor deterioro de la economía nacional.
Más allá de las posiciones políticas de cada sector, existe una cuestión que no puede ser ignorada: cuando una protesta ocasiona la muerte de personas, impide el paso de ambulancias, perjudica a productores, destruye mercadería, paraliza empresas y encarece los alimentos, quienes sufren las consecuencias son principalmente los ciudadanos comunes.
El derecho a la protesta no debería convertirse en el derecho a perjudicar indiscriminadamente a otros.
Una sociedad democrática necesita mecanismos de protesta y movilización, pero también necesita límites que permitan proteger la vida, la salud, el trabajo y la dignidad de quienes no participan de la movilización.
De esta manera, una medida que supuestamente busca defender al pueblo puede terminar perjudicando precisamente a los sectores populares que dice representar. Además, son denunciadas agresiones contra periodistas, dificultades para el paso de ambulancias, ataques contra transportistas, daños a vehículos y pérdidas económicas para productores y comerciantes.
El campesinado no puede ser utilizado
Existe, por tanto, una cuestión política y social que debe ser discutida con seriedad: el campesinado boliviano no puede convertirse en instrumento permanente de intereses sindicales o políticos.
Los campesinos tienen sus propias necesidades: producción, mercados, caminos, riego, educación, salud, asistencia técnica, seguridad jurídica sobre la tierra y mejores condiciones de vida. Convertirlos en fuerza de choque para bloquear carreteras no resuelve esos problemas estructurales.
Más aún, si las propias comunidades terminan enfrentadas entre sí, si existen amenazas para obligar a participar y si las movilizaciones terminan provocando pérdidas económicas para los mismos productores rurales, entonces resulta necesario revisar profundamente el modelo de organización y representación sindical que se ha impuesto en el campo, incluso sería un imperativo el de buscar la liberación del campesinado de la imposición del yugo de la opresión sindical.
Marchar no es lo mismo que bloquear
La historia de la Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad” demuestra que es posible realizar grandes movilizaciones sociales sin convertir a la población en enemiga.
Aquellos indígenas recorrieron más de 640 kilómetros para llegar hasta La Paz. No necesitaron paralizar al país para ser escuchados. No necesitaron convertir las carreteras en campos de enfrentamiento. Su fuerza estuvo precisamente en la legitimidad de su causa y en la dignidad con la que llevaron adelante su protesta.
La diferencia es profunda.
Una marcha busca llegar y ser escuchada. Un bloqueo busca impedir el paso para ejercer presión.
Una marcha puede despertar solidaridad cuando representa una causa justa y se desarrolla pacíficamente. Un bloqueo puede generar rechazo cuando convierte a ciudadanos ajenos al conflicto en víctimas de la protesta.
Por ello, a 36 años de aquella histórica Marcha Indígena, el país debería recuperar esa enseñanza: las grandes transformaciones sociales no necesitan necesariamente de la violencia, la intimidación ni el atropello a los derechos de los demás.
Recuperar la dignidad de la lucha indígena
La defensa de los pueblos indígenas no debería ser confundida con la defensa de estructuras sindicales que, con el paso del tiempo, terminan reproduciendo formas de dominación y opresión sobre los propios indígenas.
La lucha indígena nació para recuperar territorio, dignidad, identidad, autonomía y derechos. No para someter al propio indígena mediante amenazas, multas o imposiciones.
Por eso, corresponde reivindicar el significado histórico de la Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad”. Aquella movilización demostró que los pueblos indígenas podían interpelar al Estado y transformar la historia nacional sin necesidad de destruir aquello que pretendían defender.
Es urgente recuperar una cultura de protesta basada en la dignidad, la razón y la defensa de derechos, pero también en el respeto a los derechos de los demás.
Marchar por una causa justa es un derecho. Defender el territorio y la dignidad es una causa histórica. Pero convertir el bloqueo, la amenaza y la violencia en instrumentos permanentes de presión termina destruyendo la legitimidad de cualquier reivindicación.
A 36 años de aquella marcha histórica, la pregunta sigue vigente: ¿queremos recuperar la tradición de lucha digna de los pueblos indígenas o continuar sometiendo al campesinado a un sindicalismo que termina enfrentándolo con su propio pueblo?
El autor es comunicador social.