El combustible es indispensable para garantizar el desarrollo nacional. Lo necesitamos con urgencia para el transporte y para hacer funcionar equipos y maquinaria pesada del sector productivo. Por ello, la actual escasez, especialmente de diésel, es muy preocupante.
Hace pocos días, organizaciones empresariales como la CAO, Cainco, CNC, CNI, FEPLP y otros sectores expresaron su preocupación por la situación económica que atraviesa Bolivia y demandaron al Estado acelerar las medidas destinadas a garantizar el funcionamiento del aparato productivo.
Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, fue claro al señalar que el país atraviesa una realidad marcada por “dos relojes”: uno corresponde a la economía real, que enfrenta pérdidas inmediatas por la falta de combustible, insumos y divisas; y otro está relacionado con los tiempos del Estado, donde decretos, reglamentos y leyes continúan pendientes de aplicación o tratamiento.
Las cámaras de Industria y Comercio advierten sobre consecuencias devastadoras para la cadena logística y de distribución. Por ello, es necesario profundizar y agilizar la importación privada de carburantes, eliminando trabas burocráticas y facilitando que las empresas puedan abastecerse directamente en el mercado internacional, reduciendo la dependencia de la estatal YPFB.
El diésel y la gasolina no son solo insumos para el sector productivo; son indispensables para la minería, la manufactura y la industria pesada.
La actual escasez de carburantes es consecuencia de un problema estructural acumulado durante años, marcado por la caída de la producción de hidrocarburos, la insuficiente exploración y la reducción de las inversiones necesarias para reponer las reservas. Como remarcó la Fundación Jubileo, Bolivia podría verse obligada a importar gas natural entre 2028 y 2029 si no logra incorporar nuevos volúmenes de producción, pagando entre 10 y 12 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), frente a los 1,30 dólares que actualmente se cobra en el mercado interno.
Como un paso para enfrentar este problema, en la segunda quincena de febrero de este año el Gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 5548, que autoriza a YPFB y a las refinerías importar petróleo crudo para procesarlo y producir combustibles destinados al mercado interno. La medida se enmarca en la emergencia energética y social declarada previamente.
El entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que el Gobierno buscaba reducir los costos de importación, debido a que comprar crudo resulta más económico que importar gasolina o diésel.
El 10 de marzo, el Gobierno anunció que comenzaría a importar crudo liviano para procesarlo en las refinerías nacionales y producir combustibles más limpios, reduciendo al mismo tiempo el costo de importación de gasolina y diésel.
Medinaceli también explicó que se pretende cambiar el modelo actual de compra de combustibles refinados en el exterior por la importación de materia prima. Con este decreto se busca disminuir los costos de importación, reducir la salida de divisas y fortalecer la capacidad operativa de las refinerías de YPFB.
Las refinerías Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, y Gualberto Villarroel, en Cochabamba, cuentan con capacidad técnica para procesar crudo liviano y transformarlo en gasolina, diésel y otros derivados.
Posteriormente, a mediados de este año, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 5644, que permite excepcionalmente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, importar diésel y gasolina para consumo propio o comercialización interna.
Hace una semana, el Gobierno autorizó a la empresa Recicladora Agroindustrial Estrella Rural del Este (Alere) SRL importar petróleo crudo, procesarlo en una planta ubicada en Cuatro Cañadas, Santa Cruz, y transformarlo en combustible destinado al sector productivo de la región.
Alere SRL tiene una planta con capacidad inicial de procesamiento de 18.867 barriles mensuales, diseñada para obtener principalmente diésel y gasolina, además de gas y coque de petróleo. En su primera etapa prevé producir aproximadamente 900.000 litros de gasolina y 1,35 millones de litros de diésel al mes.
Como hemos señalado reiteradamente, el sector privado boliviano tiene toda la predisposición para trabajar junto al Gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos del país. Resolver la escasez de combustible es urgente para recuperar la producción, preservar el empleo y avanzar hacia la reactivación económica.
El autor es economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).