La cuestión del cultivo de coca, que sirve de materia prima para la fabricación de cocaína, particularmente la del trópico de Cochabamba, es motivo de preocupación de la opinión pública, así como de las autoridades nacionales. A tal extremo llegó ese malestar que el gobierno tomó la decisión de permitir que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) retorne al país para frenar esa actividad ilícita.
Las actividades de los productores de la hoja y de quienes usan equipos técnicos de avanzada para la elaboración de cocaína, comenzaron a ser conocidas a fines del siglo pasado y en vista de que el narcotráfico se extendía a regiones como el Chapare cochabambino y a los Yungas de La Paz, fueron adoptadas medidas de urgencia. Entre ellas se dictó una enérgica legislación, se dispuso frenar la expansión de cultivos de coca y limitar la comercialización y consumo de ese producto que es nocivo para la salud humana.
Según datos económicos, desde finales del siglo pasado, cada año se gastó cien millones de dólares para frenar ese negocio. Sin embargo, en vez de paralizarlo o, por lo menos, obstruirlo, sus índices de crecimiento fueron subiendo paulatinamente. Es más, lo cocaleros formaron un partido político, el MAS, ganaron las elecciones y tomaron el poder en 2006, con Evo Morales Ayma a la cabeza, quien facilitó el desarrollo de ese oscuro negocio.
De esa manera, la campaña de “coca cero” terminó en un enorme fracaso. Además, los planes de lucha contra el narcotráfico de las dos últimas décadas fueron abandonados y la DEA fue expulsada del país. Así, los narcos quedaron casi sin obstáculos para hacer crecer su detestable negocio. Por ejemplo, la producción boliviana de coca no cumplió varias veces con las cuotas establecidas después de análisis poblacionales y el gobierno de Evo Morales autorizó el aumento de la cantidad de cultivos legales de la hoja de 12 mil a 22 mil hectáreas en marzo de 2017, al promulgar la Ley Nº 906 General de la Coca.
Después de la expulsión del poder del cocalero Morales Ayma en 2019, hasta el presente el problema sigue en forma muy parecida y, para cortar las garras del narcotráfico, el gobierno de Rodrigo Paz ha llamado a la DEA para combatir mejor al tráfico de coca y su conversión en droga. Pero todavía no ha adoptado alguna medida para reducir el número de plantaciones de la hoja, tanto legales como ilegales, por lo que, al mantenerse la causa del problema, los efectos seguirán con igual ritmo.
Es, pues, de urgencia tomar cartas en el grave asunto, ya que, hasta el momento, las medidas de precaución son superficiales, y tal situación podría tener consecuencias peligrosas. Una prueba de ello es que aumentan las ejecuciones de personas involucradas en narcotráfico, por parte de sicarios nacionales o foráneos, particularmente en el oriente del territorio nacional. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?, esa pregunta se hace la mayoría de la población del país.
Cuestión de la coca se actualiza
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