¿Vendrán inversiones sin nueva Constitución?

En particular en los últimos años no son solo las medidas de presión de sectores sociales, como las marchas de protesta, los bloqueos de calles y caminos, las paralizaciones de actividades laborales y las trabas burocráticas en entidades públicas, así como las malas artes de la oposición, las que trancan el desarrollo del país, como se sostiene en algunos medios oficiales. La causa central y verdadera de esa trancadera es la Constitución Política del Estado Plurinacional, en vigencia desde el año 2009.
La causa principal de que el país esté paralizado, es la referida Carta Magna en plena práctica. Sobre la cual el gobierno de turno pide que sea acatada, sin considerar los daños que causa, por contener disposiciones muchas veces cuestionadas.
Según las críticas a esa Constitución Política se recomienda que sea objeto, por lo menos, de modificación de artículos determinantes. Algunos analistas también arguyen que ese texto constitucional deber ser sustituido totalmente, pues ha sido elaborado exclusivamente para favorecer particularmente los intereses del MAS, partido que prendía gobernar por siempre. Lo cierto es que su contenido no se adecua a la realidad nacional. Tan grave es ese asunto que dicha CPE plantea mirar hacia atrás, al tiempo del primitivismo, cuando los seres humanos vivían sin conocer el dinero ni la propiedad privada.
En forma concreta, ningún proyecto de ley que tiene el Poder Ejecutivo debería ser considerado, menos aprobado, mientras no sea modificada o cambiada esa Carta Magna, que hoy tiene vigor aplastante. Si no se procede en esa forma, será muy difícil que lleguen las inversiones extranjeras en la cantidad que necesita el país para salir de la tremenda crisis económica dejada por los nefastos gobiernos “masistas” de Evo Morales y Luis Arce. Tampoco se podrá desarrollar la economía interna. Ni siquiera resuelven ese embrollo algunas disposiciones que son insuficientes para abrir el camino a las inversiones externas, pues no son vislumbradas garantías legales sólidas para que ello ocurra.
Pese a todo, es necesario remarcar que la Carta constitucional solo puede ser cambiada por una Asamblea Constituyente, algo difícil de realizar en la actual coyuntura. Por lo menos se requiere medidas apropiadas para avanzar hacia esa meta. Al respecto, es posible que algunos de los miles de abogados que existen en el país, opinen sobre el tema, analizando la actual Constitución y señalando cómo puede ser reformada o sustituida, considerando los graves problemas que ha ocasionado.
En caso contrario, los ofrecimientos oficiales para sacar al país de su delicada situación actual, se los llevará el viento, por su inconsistencia. Se debe tomar en cuenta, en cualquier caso, que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones.