Existe un consenso académico y multilateral que sostiene que el desarrollo de un país no depende únicamente de sus recursos naturales, sino de la calidad de sus instituciones, por lo que Bolivia, a pesar de su enorme riqueza en hidrocarburos, minerales y biodiversidad, presenta un rezago persistente que se explica por la fragilidad de su aparato público. No se trata de una debilidad coyuntural, sino de un patrón histórico de desinstitucionalización que atraviesa distintos gobiernos y ciclos económicos.
La teoría económica contemporánea, reconocida con el Premio Nobel 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, demuestra que las instituciones políticas y económicas determinan el destino de una nación. Los mencionados autores las clasifican en inclusivas, que fomentan la participación y protegen la propiedad, y extractivas, que concentran el poder y los recursos en élites reducidas.
En los sistemas extractivos se configura un círculo vicioso: los beneficiarios del statu quo utilizan los recursos públicos para afianzar su posición política y bloquear cualquier cambio. Con respecto a Bolivia, este rumbo explica por qué la abundancia de recursos naturales no se ha traducido en un desarrollo sostenido, ya que las reglas de juego premian la extracción sobre la innovación.
El termómetro más claro de esta debilidad institucional es el sistema de justicia, en concreto, el Índice de Estado de Derecho sitúa al país en el puesto 131 de 143 naciones evaluadas a nivel mundial, superando en la región únicamente a Venezuela y Nicaragua, o sea, esta posición refleja un problema transversal que afecta por igual a las áreas civil y penal.
La Defensoría del Pueblo y diversos organismos internacionales han documentado que los principales problemas del sector incluyen la falta de independencia judicial, la escasez presupuestaria y la mora procesal. Esta subordinación de jueces y fiscales frente al poder político, fue una constante durante las últimas dos décadas, impidiendo que prosperara cualquier intento serio de reforma.
Sin embargo, la fragilidad institucional no se limita al ámbito jurídico, sino que contamina directamente la economía nacional, en efecto, informes del Fondo Monetario Internacional han advertido sobre la insostenibilidad fiscal y los altos riesgos de crisis en la balanza de pagos, vinculando directamente estas debilidades macroeconómicas con la falta de un Estado de derecho funcional.
Cuando las instituciones fallan, la corrupción se agrava debido a la falta de rendición de cuentas y a la impunidad imperante. Por ello, ninguna reforma económica puede sostenerse en el tiempo si las normas carecen de credibilidad, lo que empuja inevitablemente a la ciudadanía a trasladar sus disputas políticas y sociales a las calles.
El cambio de gobierno ocurrido a finales de 2025 generó expectativas favorables tras incluir en su plataforma una reforma judicial orientada al mérito y al apoyo internacional, empero, los primeros meses de gestión demostraron que la tensión entre los poderes (órganos) del Estado sigue latente y no se resuelve con medidas superficiales.
Expertos coinciden en que la crisis de la justicia exige un compromiso político de fondo, concebido como una auténtica política de Estado. Aparte, sin este cimiento institucional, cualquier plan de transformación económica correrá el riesgo de naufragar en medio de disputas partidarias.
La experiencia internacional demuestra que los países con recursos limitados logran prosperar cuando establecen reglas de juego claras, transparentes e iguales para todos los actores sociales. La diferencia primordial en el desarrollo nunca radica en la riqueza del subsuelo, sino en la solidez de sus estructuras jurídicas y políticas.
Salir de este estancamiento exige coaliciones amplias y la voluntad de los sectores privilegiados para ceder espacios a favor del interés colectivo. En ese sentido, la transición política actual representa una oportunidad histórica para iniciar el tránsito hacia instituciones verdaderamente inclusivas y funcionales.
De desaprovecharse este momento de inflexión, continuaremos atrapados en el mismo patrón de vulnerabilidad que ha limitado nuestro progreso histórico. En consecuencia, el verdadero reto del país no es solo superar la crisis económica inmediata, sino transformar de raíz las bases institucionales que la sostienen.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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