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Huanca y Aramayo participaron en posesión presidencial de Colombia

>> La representación del Gobierno boliviano en Colombia marca un nuevo capítulo en los vínculos entre ambos Estados, luego de diferencias surgidas por declaraciones del expresidente Gustavo Petro sobre asuntos internos de Bolivia.

El canciller del Estado, Héctor Huanca, y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, participaron en la ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, que se desarrolló en Santiago de Cali.

La delegación boliviana asistió al acto por encargo del presidente Rodrigo Paz, quien dispuso la presencia de representantes del Gobierno en el cambio de mando del país vecino.

Huanca acudió en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, acompañado por Aramayo, en una jornada que reunió a delegaciones internacionales invitadas a la posesión presidencial colombiana.

Durante su permanencia en Colombia, Huanca también sostuvo encuentros con representantes diplomáticos de otros países, entre ellos los cancilleres de Perú, Carlos Espá, y Uruguay, Mario Lubetkin, como parte de la agenda desarrollada durante la investidura presidencial.

La participación de las autoridades bolivianas se dio en el marco de la relación diplomática entre ambos países y la agenda de cooperación bilateral.

Según la información difundida por el Gobierno, la presencia de Bolivia en la ceremonia tuvo como objetivo mantener el diálogo político y los vínculos históricos con Colombia.

La presencia de la delegación boliviana también se produce en un momento en el que ambos países buscan avanzar hacia una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas, luego de un periodo de tensiones registrado durante la anterior administración colombiana.

El presidente Rodrigo Paz no asistió a la ceremonia debido a su participación en los actos oficiales por el aniversario de las Fuerzas Armadas en El Alto, por lo que delegó la representación nacional al canciller Huanca.

El antecedente de tensión entre ambos gobiernos se remonta a mayo, cuando Bolivia determinó la expulsión de la entonces embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, después de que el expresidente, Gustavo Petro, emitiera declaraciones sobre la situación interna boliviana durante el periodo de protestas y bloqueos. El Gobierno consideró esos pronunciamientos como una injerencia en asuntos internos.

 

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