Cpilap rechaza exclusión de la Cumbre Minera

La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), organización matriz que representa a los pueblos indígenas amazónicos del norte paceño y defensora de los derechos colectivos, los territorios indígenas, la vida, el agua y la Madre Tierra, expresa ante la opinión pública nacional e internacional su más firme rechazo a la exclusión de los pueblos indígenas de la Cumbre Nacional Minera 2026 y en las mesas sectoriales impulsadas por el Ministerio de Minería y Metalurgia, espacios destinados a discutir la actualización y la elaboración de una nueva política pública y normativa para el sector.
Mediante un pronunciamiento público, expresaron que “es inaceptable que el Estado pretenda construir una política minera de alcance nacional sin la participación efectiva de quienes soportan directamente los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de la actividad minera. Los pueblos indígenas no somos actores marginales del debate; somos los titulares de derechos constitucionales y los principales afectados por la contaminación de nuestros ríos, la degradación de nuestros territorios y la pérdida de nuestros medios de vida”.
Sostienen que la exclusión de las organizaciones indígenas vulnera los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, entre otros instrumentos legales que garantizan el derecho a la participación, la consulta previa, libre e informada y el acceso a la información ambiental.
Lamentan que, pese a que la contaminación con mercurio afecta directamente la salud de sus familias, la seguridad alimentaria, los peces, las fuentes de agua y la biodiversidad de sus territorios, no hayan sido tomados en cuenta.
Por eso, rechazan la exclusión de los pueblos indígenas de los espacios oficiales de discusión sobre la reforma del régimen minero nacional.
También impugnan la elaboración de una nueva política y normativa minera sin procesos efectivos de consulta previa, libre e informada.
Además, objetan cualquier intento de flexibilizar los controles ambientales o sustituir el uso del mercurio por otras sustancias altamente tóxicas sin una evaluación integral de sus impactos ambientales y sanitarios.
Asimismo, rechazan la autorización y expansión de actividades mineras dentro de áreas protegidas, sitios Ramsar, cabeceras de cuenca y ecosistemas estratégicos.
Desde la Cpilap exigen al Estado, su incorporación inmediata y efectiva en todas las instancias de discusión relacionadas con la reforma de la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) y la construcción de la nueva política y normativa minera nacional, entre otros aspectos.