Luego que un vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó a la Procuraduría General del Estado (PGE) e instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciar los respectivos procesos para recuperar los recursos invertidos en los comicios generales de 2019, anulados por fraude, el exdiputado Alberto Astorga apuntó que también debe gestionarse la reposición del dinero gastado en elecciones primarias y el referendo desconocido por Evo Morales.
Según Astorga, todos los elementos que confirman el fraude electoral en las elecciones de 2019 deben ser expuestos para posibilitar la activación de los mecanismos legales que permitan recuperar los recursos perdidos, tanto en este como en otros procesos eleccionarios, ejecutados por cálculo político o en los que no se respetaron resultados, tal el caso del referéndum del 21-F.
“Respaldamos esta propuesta porque nuevamente se confirma que en 2019 hubo un fraude monumental que no solo fue un severo daño a la democracia del país sino también una grave afectación a la economía de Bolivia”, sostuvo el activista.
Asimismo, demandó que, con las investigaciones para la recuperación de los recursos perdidos, también se establezcan responsabilidades en las autoridades y funcionarios que incurrieron en este daño económico al Estado boliviano, entre ellos el expresidente Evo Morales, a quien se apunta como el principal autor intelectual del fraude en los comicios 2019.
“Esta persona tiene que devolver la plata del 2019 porque él fue el autor intelectual del fraude, tienen que confiscarle sus bienes y ver la forma de recuperar todos los recursos del gasto insulso que significaron estos comicios”, añadió Astorga.
En criterio del exlegislador, tanto el fraude como todos los hechos alrededor de dicho evento fueron un severo atentado a la democracia y la economía del país, pero los procesos no deben limitarse a lo ocurrido en 2019 sino ampliarse a otros actos electorales cuyos resultados no se acataron o se forzaron por cálculo político.
“Estamos de acuerdo en que se recupere ese dinero y no solamente eso, sino lo invertido en elecciones primarias, el referéndum del 21-F y otros procesos. Morales le debe al país el dinero de las elecciones primarias, referendos y el fraude”, dijo Astorga, señalando que la recuperación de los recursos en cuestión serviría para afrontar la actual situación de crisis que se vive en el país, producto del fracaso de las políticas económicas impulsadas por el Movimiento al Socialismo en casi dos décadas de gobierno.
La semana pasada, el señalando que existen mecanismos legales con posibilidad de determinar responsabilidades civiles y penales contra las personas u organizaciones políticas involucradas en el fraude electoral de 2019, el vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, planteó el inicio de las respectivas gestiones para recuperar más de 233 millones de bolivianos invertidos en un proceso que no generó ningún beneficio para el Estado boliviano.
En conferencia de prensa, Goitia anunció la presentación de notas a la Procuraduría General del Estado y las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, en coordinación con el Órgano Electoral, se activen las gestiones necesarias para la recuperación de los recursos invertidos en las elecciones generales de 2019, proceso anulado por fraude electoral.
“Dichos recurso se han gastado sin ningún rédito para la democracia boliviana, por lo tanto, corresponde llevar a cabo la recuperación de ese dinero. Esos 34 millones de dólares, aproximadamente, nos servirán para poder financiar buena parte de lo que se requiere para la renovación del padrón electoral”, indicó.
Goitia explicó que corresponde iniciar procesos civiles o penales, según corresponda, contra todas las personas y organizaciones políticas responsables de la manipulación informática que interfirió en los comicios de 2019.
Recientes documentos desclasificados por la administración del presidente norteamericano Donald Trump, correspondientes a informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con información de inteligencia recopilada entre los años 2004 y 2020, hacen referencia a que los sistemas electrónicos de votación en Venezuela pudieron haber sido manipulados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en su afán de perpetuarse en el poder.
“No es casual que, en Bolivia en el año 2019, se hubiese llevado a cabo un fraude que, como señaló la Organización de Estados Americanos, implicó una manipulación informática igual que en Venezuela”, sostuvo Goitia.
