Bolivia se encamina hacia una crisis hídrica nacional

Bolivia se encamina hacia una crisis hídrica de alcance nacional que amenazará el consumo humano, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias, advirtió el investigador y consultor en agua y medioambiente José María Herbas Postigo a EL DIARIO.
El especialista sostuvo que la amenaza no se limita al occidente. La irregularidad de las lluvias, el aumento de las temperaturas, la degradación de cuencas, la pérdida de cobertura vegetal, la contaminación de fuentes y la debilidad de los operadores configuran un riesgo que alcanzará al Altiplano, los valles, el Chaco, la Amazonía y las ciudades del eje central.
Herbas señaló que la crisis tendrá efectos distintos según cada región. En el Altiplano y los valles, una disminución prolongada de las precipitaciones reduciría la recarga de represas, lagunas y acuíferos, además de afectar cultivos y sistemas de riego. En el Chaco, el calor elevaría la presión sobre los pozos y cisternas. En las tierras bajas, la alternancia entre inundaciones, sequías e incendios deterioraría la calidad del agua y dañaría las fuentes rurales y urbanas.
El Banco Mundial identifica a la inseguridad hídrica como un problema crítico para Bolivia debido a las brechas territoriales, los eventos climáticos recurrentes y la dependencia de gran parte de la agricultura de las lluvias.
Unicef señala que más de 600.000 niñas, niños y adolescentes viven en zonas con alto riesgo de sequía.
La amenaza se intensifica con el fortalecimiento de El Niño. El Centro de Predicción Climática de la NOAA informó el 9 de julio que el fenómeno continuará intensificándose durante 2026 y tiene un 97% de probabilidad de persistir hasta comienzos de 2027. Existe además, un 81% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, aunque sus impactos no se manifiestan igual en todas las regiones.
Para Herbas, esta advertencia obliga a Bolivia a prepararse para un escenario nacional y no únicamente municipal. Una menor disponibilidad de agua encarecería alimentos, disminuiría cosechas, debilitaría la ganadería y aumentaría la migración hacia las ciudades. Las capitales enfrentarían mayor demanda sobre sistemas con problemas de cobertura.
EN LA PAZ Y EL ALTO
La mayor preocupación se concentra en La Paz y El Alto por la población expuesta, la dependencia de embalses de alta montaña y el crecimiento de los sectores periurbanos. Herbas explicó que ambas ciudades podrían sentir con mayor fuerza una combinación de menor recarga hídrica, evaporación, aumento del consumo y retrasos en la incorporación de nuevas fuentes.
En ese contexto, el Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para Batallas, Pucarani y El Alto constituye una obra estratégica. El proyecto busca aumentar la disponibilidad de agua para El Alto y comunidades rurales, ampliar los sistemas de riego y fortalecer la gestión de los recursos hídricos. Las dos operaciones administradas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suman $us 128,65 millones y todavía figuran en etapa de implementación.
Uno de sus componentes es la presa Taypichaca, entregada el 18 de julio en Pucarani. La obra tiene 33 metros de altura y costó Bs 40,92 millones. El experto indicó que la entrega de una presa no equivale a la operación integral del sistema, porque el agua debe atravesar obras de aducción, tratamiento, interconexión y distribución antes de llegar a los hogares.
El consultor advirtió que el principal cuello de botella se encuentra en las redes secundarias y conexiones domiciliarias de las zonas de expansión de El Alto. Sin esos ramales, el nuevo caudal no podrá beneficiar de forma inmediata a toda la población prevista. El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Edgar Landívar, afirmó que el 60% de la población alteña no tendría una conexión domiciliaria directa y aseguró que la cobertura oficial incluye piletas públicas compartidas.
Epsas anunció la ampliación de redes en el Distrito 7 y Viacha, la perforación de 40 pozos en Cañuhutaca y el aprovechamiento de los 1.000 litros por segundo proyectados por el Multipropósito. La empresa informó también que sus diez represas estaban al 82% de capacidad y descartó un riesgo inmediato de desabastecimiento. Herbas consideró que ese nivel ofrece un margen temporal, pero no elimina la vulnerabilidad ni resuelve los retrasos estructurales.
El especialista planteó declarar prioridad nacional la seguridad hídrica y conformar una coordinación de emergencia entre el Gobierno central, gobernaciones, municipios, operadores, organizaciones vecinales, comunidades campesinas y sectores productivos. La primera tarea, dijo, debe ser identificar las ciudades, cuencas y sistemas de riego más expuestos, asegurar recursos para obras urgentes y transparentar el estado de las reservas.
También propuso acelerar la perforación y el equipamiento de pozos, rehabilitar redes, reducir fugas, proteger áreas de recarga, concluir proyectos paralizados y garantizar acuerdos con las comunidades donde se encuentran las fuentes. En el área rural, recomendó ampliar reservorios, sistemas de cosecha de agua y riego eficiente para evitar una crisis alimentaria.
Herbas advirtió que Bolivia todavía puede reducir el impacto, pero el margen de reacción se acorta. La crisis, afirmó, será general porque el agua conecta el consumo urbano, la agricultura, la ganadería, la industria, la minería, la energía y los ecosistemas.
La Paz y El Alto serían el punto más sensible por su densidad poblacional y por los retrasos en obras decisivas; sin embargo, ninguna región quedará completamente al margen si el país enfrenta el próximo período climático sin planificación, coordinación ni inversiones de emergencia.