Minería ilegal debilita control del Estado y aísla a Bolivia

La pérdida de control estatal en zonas auríferas, la resistencia violenta contra las tareas de fiscalización y los posibles vínculos con organizaciones criminales dificultan la lucha contra la minería ilegal en Bolivia. Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), advirtió que organismos internacionales y países vecinos evitarían compartir información sensible con las autoridades nacionales por temor a filtraciones.
Campanini sostuvo, durante una entrevista con la Agencia de Noticias Ambientales, que esta desconfianza estaría relacionada con la posible penetración de redes ilegales en algunas instituciones encargadas de combatir esos delitos. Aclaró que su análisis parte de casos conocidos mediante investigaciones y operativos realizados en otros países.
El investigador, autor del estudio “Negocio del mercurio en Bolivia”, señaló que los recientes hechos de violencia contra funcionarios públicos muestran la limitada capacidad del Estado para fiscalizar determinadas áreas mineras. Entre los antecedentes mencionó el ataque armado contra personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera durante una inspección en Mapiri y la retención de funcionarios después de operativos contra la minería ilegal en la región del río Madre de Dios.
A criterio del director del Cedib, estos episodios reflejan que algunos grupos mineros no solo rechazan los controles, sino que también pueden expulsar de manera violenta a los representantes estatales. Campanini consideró que esta situación pone en evidencia el fortalecimiento de organizaciones con capacidad para impedir inspecciones y disputar el ejercicio de la fuerza en ciertos territorios.
El investigador vinculó este escenario con una política de excepciones concedida durante aproximadamente tres décadas al sector cooperativo minero. Explicó que las cooperativas obtuvieron facilidades bajo el argumento de su finalidad social y de la explotación de yacimientos marginales.
Como ejemplo, mencionó las regalías aplicadas a la producción aurífera, cuyo porcentaje calificó como reducido en comparación con otros minerales. Según su análisis, beneficios inicialmente planteados para condiciones específicas terminaron extendiéndose a gran parte de la actividad cooperativa.
Además, aseveró que la sucesiva flexibilización de requisitos facilitó que algunas operaciones comenzaran sus actividades sin completar todos los procedimientos establecidos por la normativa. La acumulación de excepciones abrió espacios para el crecimiento de actividades completamente ilegales.
También atribuyó el fortalecimiento del cooperativismo aurífero a su capacidad de movilización y presión sobre diferentes gobiernos. Señaló que el sector consiguió acuerdos, prórrogas y concesiones mediante protestas, independientemente de la administración que se encontraba en el poder.
Entre esos mecanismos citó el Certificado de Trámite de Contrato Administrativo Minero, creado para permitir que determinados operadores regularizaran su situación en un periodo limitado. Campanini indicó que las posteriores ampliaciones convirtieron una medida temporal en una práctica prolongada.
En su criterio, las recientes concesiones gubernamentales frente a las movilizaciones de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras muestran que el Estado continúa cediendo ante sectores con alta capacidad de presión. No obstante, remarcó que esta relación no comenzó con la actual administración, sino que se consolidó durante varios gobiernos.
Advirtió que la minería ilegal no debe analizarse únicamente desde la extracción del oro. Alrededor de esta actividad existirían corredores relacionados con el comercio ilegal del mineral y otros delitos, entre ellos el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando de mercurio.
El investigador aclaró que determinar el grado de penetración de las organizaciones criminales requiere investigaciones especializadas de la Policía y del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, sostuvo que existen señales conocidas públicamente que apuntan a la presencia de redes nacionales y transnacionales.
Uno de los elementos centrales es el comercio del mercurio, utilizado en gran parte de la minería aurífera para separar el oro. Según Campanini, Bolivia fue hasta 2024 el principal importador legal de mercurio en el mundo. Después de ese periodo, las importaciones legales se interrumpieron, aunque el producto continuó disponible en los centros mineros.
El Cedib recogió testimonios de operadores y comercializadores que señalaron que durante ese periodo existía una cantidad similar o incluso mayor de mercurio en el mercado. Para Campanini, esta situación constituye un indicio de que el abastecimiento pasó a depender principalmente de circuitos ilegales.
El investigador recordó un operativo realizado en Perú, donde las autoridades descubrieron mercurio introducido ilegalmente y oculto entre material pétreo. De acuerdo con la información citada durante la entrevista, los responsables estaban vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Campanini señaló que la organización también habría participado en operaciones relacionadas con Perú y Colombia. En este último país, indicó, el mercurio estaría destinado a grupos armados vinculados con la minería ilegal.
Para el director del Cedib, el caso resulta preocupante porque fue descubierto por autoridades extranjeras y no por instituciones bolivianas. Comparó esta situación con investigaciones sobre el tráfico de madera asociada al narcotráfico, cuyos detalles también fueron conocidos inicialmente mediante reportes del exterior.
“Las autoridades de los países vecinos y otros organismos internacionales no comparten información con el Gobierno boliviano porque algunas instancias que deberían controlar estarían infiltradas”, aseguró Campanini. Esta declaración corresponde a su interpretación de los casos analizados y no a una confirmación oficial de los países u organismos mencionados.
El investigador consideró que la respuesta estatal debe incluir acciones coordinadas desde diferentes instituciones. Precisó que un operativo policial o militar puede recuperar temporalmente una zona, pero no garantiza un control permanente.
Planteó que una de las vías de intervención es la fiscalización del combustible utilizado por las operaciones mineras. La extracción aurífera requiere grandes cantidades de carburantes para movilizar maquinaria y mantener sus actividades, mientras el Estado conserva atribuciones sobre el abastecimiento.
“¿Cómo es posible que no se controle el combustible que utilizan estos mineros ilegales?”, cuestionó. En su criterio, el seguimiento del diésel y la gasolina permitiría actuar contra las operaciones ilícitas sin mantener una presencia policial permanente en cada zona.
También sostuvo que la lucha contra la minería ilegal debe considerar el control de los insumos, la comercialización del oro y la actuación de las instituciones responsables de otorgar derechos mineros y supervisar la actividad.
El Cedib actualiza actualmente su estudio sobre el comercio del mercurio. Campanini adelantó que la información recopilada confirma la persistencia de flujos ilegales y la dificultad para coordinar acciones de control con los países vecinos.
A juicio del investigador, la recuperación del control estatal requiere voluntad política, una estrategia integral y coordinación entre las instituciones. Mientras esas condiciones no existan, las operaciones ilegales mantendrán su capacidad para resistir la fiscalización y aprovechar las debilidades de las entidades públicas. (ANA)