El periodista español de tribunales e investigación, Miguel Ángel Pérez, a través de su canal de YouTube “Medidas Cautelares”, dio a conocer un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que implica al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en un caso de arbitraje en Bolivia.
La UDEF, dependiente de la Policía Nacional de España, estableció indicios de organización criminal en Zapatero y su entorno cercano, por un presunto lobby realizado en Bolivia para revertir el pago de una indemnización millonaria que debía cancelar el Grupo Gloria de Perú, como accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), a favor de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en un proceso por competencia desleal.
En ese contexto, la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, habría tomado contacto con Carmen Almendras, vinculada a la consultora KREAB Bolivia, quien habría actuado como intermediaria para vincular al consorcio Focus Social Research, representante del Grupo Gloria.
Dicha empresa habría suscrito un contrato por 200.000 euros como pago a Zapatero por “servicios de asesoramiento” a partir de mayo de 2024.
Alcázar posteriormente habría coordinado con Almendras y solicitado la documentación del caso Soboce. Luego, la secretaria del exmandatario español habría establecido contacto directo con la entonces ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y con la jefa de gabinete de Luis Arce, Fabiola Salazar Calle, para gestionar reuniones de alto nivel programadas para septiembre de ese año.
Según el informe, Almendras también habría confirmado una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Justicia, César Siles, en la que se habría entregado información actualizada y “alternativas de solución” del caso Soboce.
En medio de estas gestiones, documentadas por la UDEF, el 4 de febrero de 2025 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo que ratificó el pago de 107 millones de dólares que el Grupo Gloria debía cancelar a favor de Fancesa.
En marzo, Soboce presentó una Acción de Amparo Constitucional ante el TSJ en Sucre para evitar o dilatar el desembolso. El recurso fue admitido en abril.
El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero sostuvo una comunicación directa con el presidente Luis Arce Catacora. Al día siguiente, su secretaria solicitó a la jefa de gabinete boliviana un contacto con el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, aunque posteriormente se informó que el ministro César Siles habría coordinado dicha gestión.
El 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente el amparo solicitado por Soboce y paralizó la indemnización a favor de Fancesa.
Entre el 16 y el 20 de junio, Focus Social Research concluyó el pago de los servicios a Zapatero.
Como conclusión, el informe de la UDEF señala que, a partir de los contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, se identifica una dinámica de intermediación e influencias orientadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria, mediante una contraprestación económica de 200.000 euros, canalizada a través de un contrato con una sociedad interpuesta.
Por su parte, Luis Arce, desde el penal de San Pedro, donde guarda detención preventiva por el caso Fondo Indígena, emitió un comunicado en el que negó haber sostenido reuniones con el exmandatario español para tratar “favorecimientos” a empresas privadas.
Arce sostuvo que los últimos encuentros con Zapatero tuvieron carácter político, centrados en el análisis de la crisis en Bolivia y en el agradecimiento por los esfuerzos del Grupo de Puebla en la mediación de la situación interna del país.
En tanto, Carmen Almendras —quien fue embajadora en España, candidata a la Alcaldía de Sucre y posteriormente funcionaria municipal en la gestión de César Dockweiler— renunció a su cargo tras conocerse el caso en medios de prensa españoles.
César Siles se encuentra recluido con detención preventiva dentro del caso consorcio judicial, por presuntamente haber intentado afectar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia tras las recientes elecciones judiciales.
María Nela Prada, Fabiola Salazar y Ricardo Condori no emitieron declaraciones públicas ni fueron abordados por los medios de comunicación. (Visor21)