La ausencia de enfrentamientos durante los primeros días del Estado de Excepción responde a una estrategia impulsada por Evo Morales, con el objetivo de evitar un mayor desgaste para los sectores movilizados y posibles consecuencias judiciales para sus principales dirigentes, sostuvo el abogado penalista y analista, Marcelo Ramos Guzmán, en entrevista con EL DIARIO.
Tras los operativos de desbloqueo ejecutados por policías y militares en distintas regiones del país, las primeras jornadas transcurrieron sin hechos de violencia de magnitud, situación que, a criterio del analista, no significa un abandono de las medidas de presión, sino una decisión calculada de los sectores afines al evismo.
“Para mí, esta estrategia proviene de él, habiendo ordenado estos grupos que más bien se replieguen y que dispongan un cuarto intermedio”, afirmó Ramos al referirse al expresidente Evo Morales, a quien atribuyó la conducción política de las movilizaciones.
Según el abogado, el estado de excepción tiene un efecto disuasorio debido a la presencia de efectivos policiales y militares en las carreteras, factor que habría obligado a los manifestantes a reevaluar sus acciones. Sin embargo, considera que detrás de la falta de resistencia también existirían instrucciones dirigidas a evitar la detención de dirigentes y otras figuras vinculadas a las protestas.
Ramos señaló que los líderes de estos sectores estarían redefiniendo sus estrategias y buscando evitar escenarios que refuercen las acusaciones formuladas por el Gobierno en torno a las movilizaciones.
“Creo que la falta de enfrentamientos el día de hoy es más bien para evitar que se confirme la versión de que estos son grupos narcoterroristas o que quieren dar un golpe de Estado”, sostuvo.
A su juicio, el anuncio de un cuarto intermedio por parte de algunos sectores movilizados no debería interpretarse necesariamente como una señal de desmovilización definitiva, sino como una pausa táctica que incluso debería generar preocupación en las autoridades.
El analista afirmó que un eventual enfrentamiento con saldo fatal habría terminado perjudicando principalmente a quienes impulsan las protestas, especialmente después de que, según dijo, se reconociera públicamente quién se encuentra detrás de las movilizaciones.
En ese contexto, consideró que una escalada de violencia podría acelerar acciones judiciales contra los principales responsables de las protestas, razón por la cual los sectores movilizados habrían optado por evitar confrontaciones directas durante la primera jornada de vigencia del estado de excepción.
PROCESOS JUDICIALES
Respecto a los sectores evistas que anunciaron que mantendrán las movilizaciones y que no acatarán la medida de excepción, Ramos advirtió que cualquier persona que continúe promoviendo bloqueos o que se enfrente a las fuerzas del orden deberá responder ante la justicia ordinaria.
Explicó que, pese a encontrarse vigente un estado de excepción, las aprehensiones y procesos judiciales seguirán los procedimientos establecidos por la legislación boliviana.
“El mismo procedimiento se va a aplicar contra quienes quieran continuar con estas conductas delictivas que ya hemos visto”, señaló.
Indicó que las personas que participen en enfrentamientos contra policías o militares, o que desacaten las disposiciones emitidas por las autoridades, podrán ser aprehendidas y sometidas a procesos penales conforme a la normativa vigente.
Asimismo, sostuvo que los dirigentes y movilizados son conscientes de las consecuencias legales que podrían enfrentar, aspecto que, según su análisis, también habría influido en la reducción de acciones de confrontación durante las primeras horas de aplicación de la medida excepcional.
NO HAY MEJORA
Más allá de la recuperación de la transitabilidad en las carreteras, Ramos afirmó que el estado de excepción no resuelve los problemas estructurales que originaron la crisis y consideró que la medida fue aplicada cuando gran parte de los daños ya se habían producido.
“No ha cambiado absolutamente nada”, manifestó al evaluar el panorama posterior a la entrada en vigencia del decreto.
El jurista sostuvo que el país atraviesa una situación compleja marcada por la pérdida de vidas humanas durante el conflicto, la persistente escasez de hidrocarburos, el deterioro económico y una creciente fragmentación política.
Según indicó, las pérdidas económicas acumuladas durante semanas de conflicto evidencian el agotamiento del modelo económico, mientras que el descontento social continúa presente pese a la intervención estatal para restablecer el tránsito en las carreteras.
También cuestionó la situación de la justicia y la seguridad jurídica, al considerar que algunas personas vinculadas a los hechos de violencia fueron liberadas pese a los perjuicios ocasionados durante las movilizaciones.
Ramos añadió que la corrupción y el narcotráfico continúan siendo problemas pendientes de solución y que la medida excepcional no modifica por sí sola esas condiciones.
Desde su perspectiva, la decisión gubernamental logró recuperar el control de las vías y restablecer parcialmente la circulación, pero no representa una solución definitiva a la crisis que atraviesa el país.
“Esta es una medida que parece que ha llegado muy tarde porque el daño para los bolivianos ya está hecho y es indudablemente irreversible”, concluyó.