Al 31 de mayo del presente año, la deuda externa pública de Bolivia llegó a 14.418,1 millones de dólares, siendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el principal acreedor, informó el Banco Central de Bolivia (BCB). Se estima que irá en aumento, ya que el Estado requerirá mayores recursos para encarar el problema social que provocó el bloqueo de carreteras.
La deuda externa pública de mediano y largo plazo de Bolivia alcanzó a 14.418,1 millones de dólares al 31 de mayo de 2026, registrando un incremento de 286,7 millones (2,0%) respecto a diciembre de 2025.
El 84,1% corresponde a préstamos y el 15,9% a títulos de deuda, estos últimos aumentaron significativamente tras la reciente emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares. Los organismos multilaterales continúan siendo la principal fuente de financiamiento, concentrando el 70,6% del saldo, mientras que la deuda bilateral representa el 13,2%, explica el analista económico Fernando Romero.
El principal acreedor es el Banco Interamericano de Desarrollo, seguido por la CAF y el Banco Mundial. El país mantiene una estructura de deuda de largo plazo, lo que reduce riesgos inmediatos de refinanciamiento; sin embargo, el aumento del servicio de la deuda, las transferencias netas prácticamente nulas y el contexto de escasez de divisas reflejan mayores presiones sobre la liquidez externa. En términos generales, la deuda aún es manejable desde el punto de vista de solvencia, enfrenta crecientes desafíos de sostenibilidad financiera.
Bloqueos
Mientras tanto, el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, señaló que se buscaba estabilizar la economía nacional, y estaba mejorando el índice de riesgo país, pero el factor político (en las movilizaciones) es preocupante y afecta al crecimiento e inflación.
Los bloqueos de por si ya afectaron al crecimiento del país y se aproximará a las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, de -3,3% y -3,2%, además estará lejos de la estimación del Gobierno de -1,28%.
Bernal dijo que la recesión será mucho peor, el efecto se observará en la gente más vulnerable, pobre, y también en el cierre de empresas por los problemas que enfrentan debido a los conflictos.
En ese contexto, el sector empresarial e industrial ya se pronunció por la creación de un plan de emergencia o un fondo de restructuración para atender los requerimientos de los afectados y el mantenimiento de los empleos.
Para ello se requerirá recursos y el Gobierno carece de los mismos, por lo que deberá acudir a los organismos internacionales; sin embargo, la actual situación que enfrenta Bolivia provoca una imagen de preocupación en las entidades.
Al respecto, el entrevistado indicó que se necesitará brindar apoyo a todos los afectados, ya que el mercado no soluciona los problemas y la pregunta es ¿de dónde vendrá el dinero?, el país no genera divisas y menos en las actuales condiciones con exportaciones frenadas.
Por lo que deberá acudir a más deuda externa. Actualmente, la deuda pública bordea el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) y los organismos internacionales ven esta relación deuda PIB, sostuvo.
El país puede acudir a programas de alivio de la pobreza, a pesar de que Bolivia había estado saliendo de esta categoría, por lo que Bernal lo ve complicado.
Explicó que las instituciones hacen todo un análisis de la situación económica y política del país, y, posiblemente, incluyan nuevos requisitos para acceder a esos créditos. “Todo lo que ocurre en el país tiene su efecto en los organismos internacionales”, reflexionó.
Reiteró que Bolivia requiere como mínimo 10.000 millones de dólares, en desembolsos anuales.
Para crear algún programa o un fondo, el Gobierno deberá realizar emisión de dinero, que implicará mayor inflación, cuya acción sin respaldo, provocó en las pasadas gestiones un incremento de dos dígitos. El año pasado el porcentaje pasó el 20%.
Precisó que la aplicación de esa medida, sin respaldo, provocará mayores problemas.
Análisis
Bolivia mantiene una estructura diversificada de acreedores y un saldo por desembolsar superior a 4.151 millones de dólares, lo que representa una fuente potencial de recursos para proyectos de inversión y apoyo fiscal, detalló Romero.
Pero el principal riesgo es el incremento gradual del endeudamiento en un contexto de bajo crecimiento económico, menores reservas internacionales y dificultades para generar divisas, advirtió.