El panorama socioeconómico y político de Bolivia atraviesa un punto de inflexión crítico, marcado por una profunda crisis económica, la desmotivación de las inversiones y el cierre progresivo de empresas en las ciudades de La Paz y El Alto. A más de 40 días del bloqueo de carreteras y un agudo desabastecimiento de combustibles, el aparato productivo se encuentra bajo una presión insostenible que amenaza la estabilidad colectiva.
Ante este escenario, se evidencia una alarmante inacción por parte de gobernadores y alcaldes, que han optado por el repliegue, limitándose a contemplar los acontecimientos y a ejecutar medidas paliativas, en lugar de soluciones estructurales. Han decidido continuar como espectadores o simples críticos de la coyuntura, con una miopía política que no les permite advertir que su gestión y omisiones los sitúan como parte del problema. En este entendido su intervención es indispensable para construir una solución viable.
La parálisis institucional en los niveles subnacionales frente a un conflicto altamente centralizado, es el rasgo más crítico de esta coyuntura. Las demandas de los sectores movilizados —principalmente la Central Obrera Boliviana (COB) y las facciones sindicales alineadas con Evo Morales— son de carácter maximalista, orientadas al “todo o nada”, e incluyen desde la abrogación de normas hasta la interrupción del mandato presidencial.
Frente a esta situación, gobernadores y alcaldes han optado por una postura de neutralidad táctica, bajo la premisa de que el conflicto compete de forma exclusiva al nivel central del Estado. Pero este argumento ignora que la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política obligan a los gobiernos autónomos a garantizar la salud pública, el abastecimiento y la seguridad ciudadana en sus territorios, competencias que no pueden ser suspendidas por razones políticas.
Ahora esta omisión puede responder a un cálculo estratégico clásico: ante una crisis de alta polarización —como la Guerra del Agua o del Gas—, las autoridades subnacionales siempre optaron por replegarse para proteger su capital político. En el escenario actual, alcaldes y gobernadores evitan emitir declaraciones o medidas que los enemisten con segmentos clave de la población, como los gremiales, transportistas y otros sectores sociales, cuyo respaldo es vital en las urnas. Así, ubicarse en el “palco” se convierte en un modo de preservación partidaria que prioriza el rédito electoral a costa del bienestar ciudadano.
Las consecuencias de esta inacción ya asfixian a las áreas urbanas. El desabastecimiento de carburantes mantiene en colapso la gestión sanitaria y de servicios básicos: ciudades como La Paz y El Alto acumulan toneladas de basura por la parálisis de los camiones recolectores, mientras que los hospitales libran una carrera contra el tiempo para asegurar oxígeno y medicamentos urgentes. Ante esta crisis, las respuestas institucionales locales apenas alcanzan el rango de paliativos inmediatos, desnudando una alarmante falta de soluciones estructurales.
Esta dinámica sitúa a los mandatarios regionales en un tercer frente, entre el gobierno central y el descontento social. Aunque alcaldes y gobernadores carecen de facultades legales para resolver las macrodemandas políticas que origina el conflicto, el marco jurídico los obliga a mitigar los daños territoriales, proteger a los sectores productivos y asegurar el libre tránsito y abastecimiento interno.
Los actores políticos y liderazgos regionales no pueden actuar como meros espectadores de la crisis. Al renunciar al ejercicio de sus competencias específicas, se convierten por omisión en corresponsables del deterioro general. Superar el colapso actual exige que las autoridades subnacionales abandonen el cálculo electoral, asuman la madurez del régimen de autonomías y ejerzan una gestión territorial efectiva y no la neutralidad política.
El autor es Comunicador social.