Llamado a desobediencia civil debe responderse con firmeza

Afirmando que el país se encuentra a la espera de que el Gobierno dicte estado de excepción para desmovilizar a grupos que actualmente mantienen medidas de presión con fines políticos, parlamentarios cuestionaron que desde el Chapare se hable de una desobediencia civil y coinciden en que cualquier desafío al Estado boliviano debe responderse con firmeza y proporcionalidad.
En criterio del diputado José Maldonado, de la alianza Libre, tras el reciente ampliado de las federaciones de cocaleros del Chapare, ha quedado claro cuáles son las intenciones detrás de las medidas que actualmente paralizan el país, promover una desobediencia civil que agudice los conflictos.
“Lo ha dicho en voz propia, lo que habíamos adelantado es una realidad. Seguramente van a entrar a la desobediencia si el gobierno se anima a hacer lo que tiene que hacer, esto derivará en bastantes problemas, tanto si se dicta o no se dicta (un estado de excepción)”, adelantó Maldonado, lamentando que poblaciones de la Sede de Gobierno continúen sufriendo las consecuencias de bloqueos inmisericordes.
Según el legislador representante del departamento de Cochabamba, llama la atención que el Gobierno aún no haya asumido medidas firmes ante amenazas de mayor conflictividad, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya viabilizó una norma que permite actuar con mayor fuerza.
“Ya tienen la ley, seguramente están deliberando un plan y algunas otras cosas más. Se tiene que tomar medidas, va ser difícil este trabajo, pero se lo tiene que hacer si no se quiere aguantar más tiempo”, dijo.
Al respecto, el diputado paceño Alejandro Reyes alertó que la persistencia y el refuerzo en las movilizaciones dirigidas desde el Chapare, demuestran que existe una intensión de alterar el orden constitucional a través del caos y la violencia, todo para asegurar impunidad para un personaje que actualmente juega sus últimas cartas en procura de anular los proceso que tiene pendientes.
“Lo que Evo Morales está preparando es una guerra civil, lo que quiere es confrontación, derramamiento de sangre, derrocar al gobierno y generar masacres. Él lo que busca es una revolución con la finalidad de eludir a la justicia”, afirmó.
Para Reyes, más allá de no permitir que Evo Morales eluda sus responsabilidades con la justicia, es necesario y urgente desmovilizar a los grupos irregulares que actualmente generan violencia y perjuicios económicos, restringiendo derechos de la población.
En ese marco, aseveró que la respuesta del Estado boliviano a los grupos que desafían la autoridad debe pasar de la contención a una respuesta proporcional y contundente, esto para evitar que sigan teniendo lugar actos de como la toma de unidades militares y amenazas de mayor violencia.
“Han desafiado al Estado, por lo que la respuesta debe ser contundente. Está claro que el discurso de quienes se estaban disfrazando de pueblo quedó en nada y fue una total mentira, lo que hizo Morales nuevamente fue servirse de los más pobres para retornar al poder”, añadió.
El lunes, el expresidente Evo Morales reconoció su influencia y participación en las movilizaciones que mantienen paralizado gran parte del territorio nacional, bajo el argumento de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, además adelantó que se prepara la resistencia ante una posible declaratoria de un estado de excepción.
Desde la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se determinó cerrar filas en torno a la exautoridad, iniciando una defensa en la que no se descarta hacer un escudo humano ante cualquier arremetida.
“Nosotros, como la región del Trópico de Cochabamba, somos el escudo humano. Si este Gobierno viene, arremete, interviene en el Trópico de Cochabamba, no solamente va a estar nuestro hermano Evo Morales ahí, va a estar toda la población del Trópico de Cochabamba”, manifestó en conferencia de prensa el dirigente Víctor Mencía junto a otros ejecutivos de la región.
La semana pasada, Morales había denunciado un supuesto plan del Gobierno para proceder con su aprehensión mediante un supuesto operativo denominado “Delta Ñ”, para su posterior traslado a los Estados Unidos.
Durante su discurso en el acto de promulgación de la nueva Ley de Regularización de los Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz denunció la existencia de grupos que cuentan con “recursos del narcoterrorismo”, y apuntó a Morales por supuestamente estar detrás de las movilizaciones que, con violencia, armas de fuego y financiamiento de dudosa procedencia, tratan de alterar el orden constitucional para retomar el poder.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que no quieren dialogar e irrumpir este proceso democrático. Por eso, reitero, el diálogo siempre, pero a los violentos (…) y narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados. Y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, expresó el primer mandatario.