La prolongación de los bloqueos y la radicalización de las medidas de presión han abierto un nuevo debate político y constitucional en Bolivia. Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Iberoamericana para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan, el conflicto dejó de ser únicamente una demanda sectorial y ha ingresado en una fase que pone en cuestión el funcionamiento del orden democrático y la institucionalidad del Estado.
Hamdan afirmó que las movilizaciones en Bolivia dejaron de responder a demandas sociales y evolucionaron hacia exigencias políticas, entre ellas la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que a su criterio desnaturaliza la protesta y pone en cuestión la continuidad institucional establecida por la Constitución. Señaló que el mandato presidencial es de cinco años y que debe respetarse la decisión del voto ciudadano, incluso frente a desacuerdos o desencantos con la gestión de gobierno.
El representante cuestionó la prolongación de los bloqueos por más de 37 días, señalando que esta situación afecta la vida cotidiana de la población y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Además, advirtió que la exhibición de armas y las amenazas de acciones violentas durante las movilizaciones representan un riesgo para la estabilidad democrática y podrían encuadrarse en escenarios de sedición o alzamiento armado.
En esa línea, sostuvo que el conflicto ya no puede analizarse únicamente como una protesta social, sino como una crisis política de mayor alcance que compromete el orden constitucional. También informó que la organización que representa envió una comunicación oficial a Naciones Unidas para que la situación en Bolivia sea considerada en instancias internacionales.
Finalmente, Hamdan advirtió que la crisis dejará consecuencias profundas en el tejido social, económico y político del país, independientemente del desenlace del conflicto, y remarcó la necesidad de restablecer la gobernabilidad y el respeto a las reglas democráticas.