Un movimiento de carácter desestabilizador pone en serio riesgo al sector productivo del departamento de La Paz. Las pérdidas generadas por los bloqueos que afectan a la sede de gobierno ya superan los 600 millones de dólares aproximadamente, profundizando una crisis que golpea a empresas, trabajadores y familias bolivianas.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación por la continuidad de estas medidas, señalando que agravan el deterioro económico, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la estabilidad social del país.
En la misma línea, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) indicó que los bloqueos han generado una situación insostenible para el sector productivo, afectando producción, comercio, abastecimiento y miles de empleos. Exigió el levantamiento inmediato de las medidas de presión, el respeto a la libre transitabilidad y acciones urgentes para proteger la economía y evitar mayores perjuicios.
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que numerosas empresas de La Paz y El Alto evalúan trasladar sus operaciones a otras regiones del país e incluso al exterior, lo que no solo implica pérdidas inmediatas, sino también menor inversión y empleo futuro.
El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, señaló que varias industrias enfrentan problemas de abastecimiento de materias primas y dificultades para cumplir compromisos comerciales, y que algunas ya analizan mudarse a Cochabamba, Santa Cruz, Perú y Paraguay.
Sería una buena noticia que, al ser publicada esta nota, todos los bloqueos hubieran sido levantados y los actores políticos y sociales estuvieran dialogando.
Los empresarios consideran que los daños ocasionados por más de un mes de bloqueos deben ser resarcidos por quienes promovieron y ejecutaron estas medidas que afectan a millones de ciudadanos.
Algunos ejemplos permiten dimensionar sus efectos:
• Los consumidores paceños enfrentaron fuertes incrementos en productos básicos: un maple de 30 huevos llegó a costar entre Bs 60 y Bs 75; el pollo entero hasta Bs 120; la carne de res Bs 120 por kilo; y el tomate hasta Bs 12 la libra.
• Los bloqueos también tuvieron consecuencias humanas irreparables: se reportó la muerte de una paciente con cáncer que no pudo ser trasladada de Oruro a La Paz, así como el fallecimiento de un conductor varado casi veinte días en Desaguadero.
• Los conflictos continúan golpeando a los productores. Solo el sector lechero de Santa Cruz reportó pérdidas superiores a 900.000 litros de leche.
• Más del 90% del aparato productivo de micro y pequeñas empresas de La Paz y El Alto quedó paralizado, obligando al sector a solicitar diferimientos de crédito.
• Las filas para adquirir gasolina siguen afectando la movilidad de ciudadanos, trabajadores y empresas.
La crisis de abastecimiento de combustibles evidencia la importancia estratégica de la infraestructura energética. Los ductos que conectan la terminal marítima de Sica Sica con las plantas de almacenamiento de YPFB cumplen un rol clave para el ingreso de diésel y gasolina. Su operación ininterrumpida debe ser protegida y priorizada, garantizando la libre circulación de cisternas y la distribución continua de combustibles, esenciales para transporte, industria, comercio, construcción y agropecuaria.
• Los bloqueadores también provocaron daños a la infraestructura vial, con zanjas de hasta nueve metros en carreteras troncales e internacionales, según la ABC.
• El sector avícola reporta pérdidas cercanas a Bs 400 millones.
A fines del mes pasado, dirigentes de la CSUTCB y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia ratificaron su pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, señalando que sería la única salida a la crisis tras más de treinta días de bloqueos.
En estas circunstancias, los esfuerzos del Gobierno por instalar un diálogo enfrentan serias dificultades. El diálogo solo es posible con voluntad real de negociación de todas las partes; cuando existen posiciones intransigentes y medidas de presión, las posibilidades de acuerdo se reducen.
El diputado Edgar Manolo Rojas Paz (PDC), plantea un proyecto de ley para establecer mecanismos de resarcimiento por daños civiles ocasionados por bloqueos y movilizaciones.
Bolivia necesita recuperar la normalidad, garantizar el libre tránsito y proteger la producción nacional. Ninguna demanda política puede justificar el sufrimiento de miles de familias.
Los empresarios defendemos la democracia y exhortamos a quienes mantienen los bloqueos a levantar estas medidas de presión, por respeto a la convivencia pacífica y a los derechos fundamentales de la población.
El autor es Economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).