Hay momentos en los que una crisis deja de expresarse en las calles y comienza a hacerlo también en el lenguaje. Y quizá uno de los signos más inquietantes de lo que ocurre hoy en Bolivia sea precisamente ese: la aparición, en el debate público, de expresiones como “corredor humanitario” y “puente aéreo” para abastecer a La Paz.
Las palabras nunca son inocentes. Las ciudades tampoco hablan igual en todos los momentos de su historia. Existen vocabularios propios de la estabilidad, de la negociación o del crecimiento. Pero también existen palabras que suelen aparecer cuando una sociedad comienza a pensar el territorio en términos de aislamiento, abastecimiento y supervivencia.
El concepto de “corredor humanitario” remite inevitablemente a ciudades aisladas o sitiadas. Sarajevo conoció durante los años noventa ese lenguaje áspero y desesperado: corredores para permitir el ingreso de alimentos, medicinas o civiles en medio de un conflicto donde la circulación normal había dejado de existir. No eran mecanismos de solución política. Eran mecanismos de administración de la emergencia.
Algo parecido ocurre con la idea de un “puente aéreo”. La expresión carga consigo el peso histórico del Berlín Airlift, cuando una ciudad debió ser abastecida por aire porque las rutas terrestres habían quedado atrapadas en una lógica de confrontación total. Un puente aéreo no es símbolo de normalidad; es la constatación de que las vías ordinarias de integración política y territorial han colapsado.
Por eso el problema no es únicamente el bloqueo. El problema es que la sede de gobierno de un país comience a discutir su abastecimiento utilizando el vocabulario histórico de las ciudades sitiadas.
Mientras tanto, el Estado parece atrapado entre la presión social, los límites políticos y una arquitectura jurídica que reduce drásticamente su margen de acción. El Defensor del Pueblo aparece más próximo a la lógica de contención y mediación con los bloqueadores que a la restitución efectiva de la circulación. Al mismo tiempo, el Estado parece haber perdido margen operativo para intervenir con decisión en escenarios de bloqueo prolongado, pues cualquier acción destinada a restaurar el orden implica hoy elevados costos políticos, jurídicos y simbólicos. El resultado es un poder público inmovilizado frente a una dinámica territorial que sigue escalando.
Y es ahí donde el lenguaje revela algo más profundo: los actores ya no están actuando bajo una lógica cooperativa, donde el otro sigue siendo un adversario con el que eventualmente convivirá. Empiezan a moverse bajo una lógica de suma cero, donde el desgaste, el aislamiento y la interrupción de la circulación se convierten en instrumentos legítimos de aniquilamiento del otro.
Un Estado fuerte garantiza caminos abiertos, circulación, normalidad y el derecho a la vida. Un Estado atrapado, en cambio, termina discutiendo corredores humanitarios y puentes aéreos para asegurar su propia supervivencia.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.