No todas las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ni todas las fundaciones internacionales son un problema; en Bolivia hay muchas que cumplen un propósito loable, porque apoyan la salud, la educación, la formación técnica y el fortalecimiento comunitario con respeto y transparencia. A todas ellas, muchas gracias. El problema son esas otras ONGs que bajo el discurso de protección ambiental o defensa indígena han terminado administrando nuestra pobreza, bloqueando nuestro desarrollo y metiéndose en asuntos que solo nos corresponden a los bolivianos.
Estas malas ONGs operan como un freno para el oriente boliviano y otras regiones; imponen sus políticas verdes desde escritorios extranjeros y nos impiden avanzar en la explotación de nuestros propios recursos naturales. Pero lo más grave es que muchas han pasado de la teoría a la acción ilegal, poniendo como ejemplo: el Cerro San Simón en el Departamento del Beni, donde llevan años sacando oro en avionetas, sin control estatal, contaminando el río Iténez y envenenando los peces, extrayendo también manganeso y piedras preciosas a través de empresas irregulares, algo que es de conocimiento público en la región y que ha estado sucediendo con la mirada ausente del Estado, saqueo increíble por forasteros de nuestras riquezas, a vista y paciencia de todos.
De igual manera, esas mismas organizaciones han financiado a las mal llamadas organizaciones sociales para tejer movilizaciones políticas desestabilizadoras. Han engañado por años a indígenas, usándolos como carne de cañón para desestabilizar gobiernos, disfrazados de protestas legítimas.
No se trata de fantasía, los políticos han denunciado en los últimos días ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente la violación del Decreto Supremo N° 24.771 y han pedido la cancelación de estas ONGs, como ellos las llamaron golpistas. Así mismo, el Comité Pro Santa Cruz, ha exigido la expulsión de las fundaciones que respaldan golpes de Estado. Por ello, pidieron auditoría a la Contraloría sobre el destino de la cooperación internacional. Que se cite a los representantes de los financiadores europeos y otros en Bolivia para que aclaren si sabían que su dinero se usaba para engañar indígenas y financiar marchas políticas. Por supuesto, cuidando que esto no sea una cacería de brujas contra la cooperación limpia, siendo un pedido soberano. Hay normas que toda ONG, fundación u organismo debe respetar si opera en nuestro país.
Nadie que tenga presencia en Bolivia puede intervenir en nuestra política interna y punto. Se debe identificar una por una a las ONGs, fundaciones y organizaciones que están financiando movilizaciones desestabilizadoras y echarlas, sacarlas fuera. Porque el desarrollo no se negocia con quien nos condena a ser eternos mendigos, mientras se llenan los bolsillos con nuestros recursos naturales y operadores mundiales se beneficien con nuestra postergación.
El autor es Abogado Investigador y Geopolítico de Altos Estudios Nacionales en Seguridad, Defensa y Desarrollo.
