Durante la interpelación al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso de las 32 maletas ingresadas de forma irregular en noviembre del año pasado, el propio ministro responsabilizó a la Aduana Nacional por las fallas en los controles y reveló que la exdiputada, Laura Rojas, habría utilizado dos pasaportes para evadir la supervisión migratoria.
La autoridad respondió a las 15 preguntas formuladas por los legisladores de Alianza Libre sobre el caso de las 32 maletas y las cajas fuertes incautadas en inmuebles vinculados al narcotraficante Sebastián Marset.
Oviedo informó ante la Asamblea Legislativa que la exdiputada, Laura Rojas, actualmente con detención preventiva, habría utilizado dos pasaportes para evadir controles en el aeropuerto de Viru Viru. Según manifestó, primero presentó un documento regular en Migración y luego un pasaporte diplomático vencido para pasar los controles aduaneros.
De acuerdo con la exposición del ministro de Gobierno, al momento del ingreso de Rojas no existían alertas migratorias ni órdenes de arraigo en su contra, lo que permitió su entrada al país junto a sus hijos menores y a un ciudadano extranjero.
Las 32 maletas habrían quedado inicialmente en un área restringida del aeropuerto y luego fueron trasladadas a un depósito particular, donde habrían desaparecido antes de un operativo policial. La investigación también señala demoras en la emisión de órdenes operativas como un factor que habría afectado el curso del caso.
El hecho derivó en procesos penales por asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.
La autoridad también detalló que la investigación se vio afectada por fallas en la coordinación institucional, demoras en el flujo de información y la falta de conexión con sistemas internacionales de inteligencia policial.
Según Oviedo, el Ministerio de Gobierno tomó conocimiento formal del caso recién el 19 de enero, a través del Comando General de la Policía Boliviana, cuando se remitieron antecedentes que no habrían sido canalizados previamente por los conductos regulares. Posteriormente, la información fue enviada al Ministerio Público.
Oviedo indicó, además, que alertas y comunicaciones externas sobre el caso recién fueron conocidas el 13 de febrero, también mediante la Policía, lo que evidenciaría retrasos en la transmisión de datos clave.
En su informe, el ministro de Gobierno señaló que algunos reportes emitidos por efectivos policiales, entre ellos el teniente Marvin Manzaneda y el capitán Christian Rodríguez, no habrían seguido la cadena jerárquica establecida antes de llegar a instancias superiores.
En ese contexto, explicó que los procedimientos internos establecen que la información debe ser verificada y canalizada primero a los superiores jerárquicos y luego al Comando respectivo, antes de ser remitida al Ministerio de Gobierno.
La autoridad también afirmó que Bolivia estaba previamente desconectada de sistemas globales de intercambio de información policial e inteligencia, lo que habría limitado la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos transnacionales. “Bolivia no emitía ni recibía información, era un agujero negro”, señaló.
Respecto al capitán Rodríguez, el ministro negó que haya sido su edecán y precisó que, en su rol de ayudante de órdenes, no estaba autorizado a transmitir información sin validación institucional.
El caso derivó en la apertura de cuatro procesos penales por asociación delictuosa, tráfico de sustancias controladas, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas.
CAJAS FUERTES DE MARSET
Respecto a las cajas fuertes, Oviedo afirmó que diez días después del operativo de captura de Sebastián Marset se realizó la apertura pública de cuatro unidades halladas durante las intervenciones. Dos de ellas, encontradas en una vivienda distinta a la principal, eran nuevas y estaban vacías.
Las otras dos fueron recuperadas en el inmueble vinculado directamente al narcotraficante, de las cuales una fue expuesta públicamente y la otra no fue presentada inicialmente, hecho atribuido a una presunta negligencia del entonces director de Inteligencia, quien fue destituido y puesto a disposición de la justicia. (EL DIARIO y agencias)