La publicidad gubernamental para industrializar al país, medida con la que se dijo serían solucionados todos los problemas nacionales, resultó a lo largo de décadas pasadas, el más grande engaño, pues más que todo causó escandalosos negociados de los gobernantes de turno. Casi todos los resultados fueron negativos y ocasionaron la pobreza y la frustración del pueblo.
Un periodo de esa naturaleza empezó a partir del año 2006, cuando el gobierno del cocalero Evo Morales Ayma lanzó la propaganda de que las empresas del Estado que eran creadas no tenían paralelo y traerían grandes beneficios para el país. Esa propagada se hacía para ganar elecciones generales varias veces, para no entregar el poder, al que los masistas consideraban que era de su propiedad. Al mismo tiempo en sus discursos pregonaban las bondades de las “nacionalizaciones” de empresas privadas, argumento que fue para engañar a ingenuos, como se demostró, por ejemplo, en el caso del gas, ahora que la producción de ese energético ha bajado a niveles mínimos por falta de políticas adecuadas. Además, en otros casos Bolivia ha perdido juicios ante tribunales internacionales y deberá pagar millones de dólares por indemnizaciones. Al respecto, es oportuno recordar que solo fue exitosa la nacionalización de la minería en 1952, debido a que el súper Estado minero que reinaba en Bolivia fue definitivamente expropiado.
Pero desde 2006, volvió el afán de “industrializar” al país y de cuatro empresas estatales que existían hasta entonces, los gobiernos masistas hicieron instalar 57, casi todas hoy en situación de quiebra. Ese proyecto de desarrollo fue iniciado por el gobierno de Morales Ayma, que fue continuado por el de Luis Arce Catacora, periodo de veinte años en total que terminó en un rotundo fracaso.
Muchas de esas empresas estatales, instaladas sin las previsiones del caso, sufren de “quiebra técnica”, pues inclusive algunas fueron colocadas en zonas inadecuadas, como la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo, Cochabamba, lejos de su principal mercado que está en Brasil. Tampoco los productos de otras empresas estatales tenían mercados de consumo. Por otra parte, para el funcionamiento de varias de esas fábricas se tuvo que traer técnicos extranjeros. Formalmente, nada produjeron y están paralizadas, como la fundición de hierro del Mutún, en Puerto Suarez y que costó millones de dólares.
Además, esas industrias fueron compradas sin licitación ni asesoramiento técnico, costaron una enorme cantidad de dólares o sea que ese dinero fue como echar agua a la arena. Peor que eso, los costos de esos negociados son cargados a las espaldas del pueblo que está al borde del hambre, pues de cualquier manera el país deberá afrontar los pagos por indemnizaciones a empresas extranjeras que ganaron juicios en tribunales internacionales.
Mientras tanto, se espera el destino de muchas empresas estatales que solo han servido para favorecer a los adeptos al masismo.