Bolivia perdió en otro arbitraje internacional ante el banco español BBVA y deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares por las “demoras e irregularidades en el traspaso de la AFP Previsión a la Gestora Pública” en 2010. Los autores de tal “traspaso” no son los jubilados, es el Estado usurpador. Hasta ahora son 13 los diferentes arbitrajes internacionales perdidos por Bolivia con indemnizaciones millonarias.
Se señala que se pagará dicha deuda sin mayor dificultad. Y con qué recursos… en el Tesoro General de la Nación escasean las divisas, en el país no existen ni para comprar carburantes.
Expresivamente se aclara que no se acudirá a los fondos de los jubilados administrados por la Gestora Pública, debiendo recordarse que dichos fondos son absolutamente “privados”, no le pertenecen al Estado, pero claro está que fácilmente podrá acudirse a la Gestora utilizando dichos fondos a título de “préstamos de inversión” para “honrar” dicha deuda. ¡Los jubilados podrán ser los que paguen la torta!
La ilícita e ilegal Gestora Pública debe ser eliminada, debiendo los jubilados administrar sus fondos propios, eligiendo las mejoras formas de administración y control profesionales.
Y, a propósito de los arbitrajes internacionales, es oportuno esclarecer algunos de sus aspectos.
La BBC de Londres en una nota publicada en 2015 señala: “Cada caso es juzgado por un panel de tres árbitros, seleccionados por el gobierno y el inversor involucrados en el caso de una corta lista de abogados especializados. Los tribunales se pueden reunir en el lugar que convenga a las partes y las decisiones se basan en lo estipulado en los tratados, más que en las leyes nacionales. Los casos pueden tomar años en resolverse y son costosos. Además de pagar los honorarios de los árbitros, cada parte puede contratar a sus abogados.”.
Generalmente los procesos arbitrales son ganados por las corporaciones multinacionales y los países fuertes, y ganan también los árbitros y los equipos de abogados. Los altos costos del proceso deben pagar los Estados pobres, pagar a sus abogados que generalmente son extranjeros porque “dice” que tienen mejor formación jurídica y “poseen mejores contactos”. Estos montos millonarios no los pagan los gobernantes sino el pueblo.
En ocasiones los gobiernos son los impulsores de arbitrajes concertados y muchas veces son realizados secretamente, negociados sin conocimiento del pueblo.
El Estado débil pierde por todo lado:
1) Paga a la transnacional o al Estado demandantes por el monto que ha reclamado por presuntas inversiones y por otros gastos realizados,
2) paga la indemnización por los supuestos daños provocados,
3) paga a los árbitros que conocieron y resolvieron el asunto,
4) paga a los abogados que contrató el Estado,
5) paga por los demás gastos que realizó el Estado en la tramitación del asunto,
6) y finalmente queda esquilmado el pueblo.
Estos tribunales arbitrales se conforman convocando a abogados que se encuentran matriculados internacionalmente para estos casos, no siendo raro que muchas veces se produzcan consorcios entre éstos y los árbitros e incluso que los árbitros provengan directa o indirectamente de los estudios jurídicos internacionales, más aún si media acuerdo subrepticio con los gobernantes corruptos del Estado demandado o demandante.
Por lo demás, son muchos más los procesos (colerones) arbitrales internacionales que le esperan a Bolivia.
El autor es jurista.