El contrabando se origina en la prohibición a venta de tierras

Es innegable que el origen de la prohibición a la venta de tierras de propiedad de los indígenas se encuentra en la mentalidad feudal, comunitaria y populista que domina en el país. Esa idea, abolida por la revolución de 1952, fue resucitada por políticas indigenistas a principios del presente siglo e impuesta por el partido MAS a la mayoría reaccionaria de la Asamblea Constituyente de 2008, la cual la propuso e incluyó en el proyecto del texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional, hoy existente, dicha prohibición de vena de tierras de propiedad de los indígenas de todo el país.
Ese proyecto de Constitución fue corregido y aumentado por organismos y políticos extra-constituyentes (aun extranjeros) que, en realidad, resultaron siendo los autores de la Carta constitucional que hoy rige en el país y que ha venido en llamarse “Constitución Morales-Boerth”.
Enseguida, ese engendro fue aprobado por un referéndum popular para darle más efectividad. Finalmente, la flamante farsa magna fue promulgada por el gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera, en una ceremonia pomposa en la Plaza Murillo, durante la que los protagonistas, el presidente Evo Morales y sus ministros acompañantes, derramaron copiosas lágrimas de felicidad, diciendo que se trataba de una inspiración a favor de los indios “despreciados y masacrados durante quinientos años”.
En su aspecto esencial y determinante, esa Constitución, hoy en vigencia, dispuso que los indígenas, interculturales, etc., al ser convertidos en meros tenedores de sus parcelas de miseria, quedaron prohibidos de vender parcelas que cultivaban y que les dotó en propiedad la reforma agraria de 1953, como se demostró en notas anteriores en estas páginas de EL DIARIO.
Ahora, vayamos al grano: el contrabando.
La reciente política agraria anti indígena, la Constitución y varias leyes han quitado a los tenedores de parcelas agrícolas del derecho a vender sus tierras. Por esa medida de gobierno, los campesinos han dejado de ser dueños de sus tierras, pues, quien no puede vender su tierra no es dueño de su tierra. Es más, por esa prohibición (que alcanza a grandes y medianos propietarios de tierras), los indios no pueden trabajar sus tierras, no pueden alquilarla, hipotecarla, donarla, permutarla y otros, es decir, la tierra para nada les sirve y si todavía la ocupan es por tradición.
Más aún, –cuando más se entra al bosque, más leña se halla–, si esas sayañas o surcos no den ganancia. Algunas veces los indígenas parcelarios cultivan algo, pero en condiciones muy difíciles que apenas les autoabastece y si llevan algo al mercado, el costo de producción es muy alto y, además, encuentran la competencia de productos más baratos y de mejor calidad que entran al país por contrabando o por compras directas del Estado, de particulares y contrabandistas. Entonces, los campesinos no venden o no pueden vender sus productos y si los venden es sin ganancia. Entonces, retornan a sus campos decepcionados y llorando de indignación.
Lo grave es que los campesinos parcelarios de nadie reciben ayuda y menos del gobierno de los “hermanos” indios, que los metió en ese problema, todos los combaten y, en especial, encontraron la competencia de los productos extranjeros que son vendidos en los mercados, que provienen del contrabando, son de mejor calidad, más baratos, mejor presentados, etc. y los consumidores los prefieren. La agricultura es para los indígenas el peor negocio de su vida. Entonces, abandonan sus ayllus y buscan alguna forma de trabajo en las ciudades. O se van al exterior.
En esa forma, se confirma que la actual lucha del gobierno contra el contrabando está dedicada no a combatir el problema, sino a fomentarlo en todas las formas. Es más, está creciendo de manera elefantiásica.