El accidente aéreo en El Alto, que derivó en la sustracción de billetes de la Serie B, expuso una falla grave en la gestión de riesgos del Banco Central de Bolivia (BCB). Lo que debió ser un problema encapsulado dentro de la institución, terminó trasladándose a la población, que ahora carga con el costo del control y la incertidumbre.
El BCB aclaró que solo ciertas numeraciones fueron invalidadas, pero la falta de transparencia inmediata y las contradicciones y errores de comunicación generaron un vacío de información donde prosperó la desconfianza: comerciantes, transportistas y ciudadanos comenzaron a rechazar toda la serie B. El protocolo de trazabilidad falló, y la institución quedó expuesta como incapaz de controlar su propio circulante.
La crisis de confianza ya está produciendo distorsiones preocupantes. Aparecen intentos de maquillar billetes de la serie B para hacerlos pasar por otra, operaciones de redescuento en las que se acepta el billete con un valor menor y, en la práctica, la expulsión de toda la serie de las transacciones cotidianas.
Estos fenómenos reflejan un riesgo reputacional que se agudiza cada día: la moneda nacional pierde credibilidad y el Banco Central aparece debilitado. Asoban ha planteado el uso de aplicaciones con código QR para realizar transacciones. Si bien esto podría ser una externalidad positiva del hecho, la medida deja fuera a sectores vulnerables: adultos mayores, áreas rurales y poblaciones marginadas que no tienen acceso a teléfonos inteligentes o conectividad estable. Una solución tecnológica no puede convertirse en una nueva forma de exclusión financiera.
A este panorama se suma la quema de billetes frente al público, una acción rústica que transmite improvisación y fragilidad. Aunque esos billetes no estuvieran monetizados, el dinero siempre implica valor, y al verlo convertido en cenizas la gente puede asociar la imagen con la idea de que el boliviano podría dejar de valer de un momento a otro. Los activos del Estado exigen protocolos adicionales antes de destruirse, y el BCB tendrá que justificar esta medida como un recurso extremo, pues de lo contrario corre el riesgo de complicar la negociación con el seguro y profundizar aún más el daño reputacional.
El paso correcto era claro: publicar de inmediato las series afectadas, condicionar la entrega de billetes con trazabilidad en tiempo real, asumir el costo contable del accidente, coordinar con los bancos privados para que el sistema filtre automáticamente los billetes inválidos y rehabilitar públicamente la serie B, garantizando su validez sin distinción de rangos. Si el BCB no actúa con firmeza, el costo será mayor: no solo pérdidas contables, sino una erosión profunda de la confianza en la moneda nacional. Y la confianza, una vez quebrada, es mucho más difícil de recuperar que cualquier billete extraviado.
En conclusión, el accidente no solo puso a prueba la logística del Banco Central, sino su capacidad de proteger la reputación de la moneda. Hoy, más que nunca, el BCB debe recordar que el riesgo operativo se absorbe dentro de la institución, nunca se transfiere a la población.
El autor es economista.