La planta del Mutún se encuentra paralizada. Tras siete modificaciones contractuales y un retraso que ya suma un año, la planta siderúrgica permanece inactiva pese a figurar como concluida. La parálisis del gigante de acero ha saltado de los galpones a los tribunales: la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) formalizó una querella penal contra sus exautoridades, revelando un complejo entramado de irregularidades técnicas y legales.
El complejo industrial luce prácticamente desierto; según denunció Olmos, la presencia en la planta se reduce a un grupo mínimo de trabajadores de Sinosteel limitados a tareas menores de mantenimiento.
A pesar del avance en las obras civiles y pavimentación, la planta permanece paralizada. Sin operaciones productivas a la vista, los trabajos actuales se limitan a correcciones técnicas y mejoras de infraestructura básica.
Una discrepancia de fondo pone en jaque la transparencia del contrato 001/2016. Mientras el acta de recepción oficial certifica un complejo industrial en marcha, la realidad física es la de una planta inactiva. Según el jurista [Nombre], el incumplimiento de la modalidad ‘llave en mano’ —que exige producción inmediata a plena capacidad— convierte la entrega del proyecto en una irregularidad administrativa de alto nivel.
El Estado se encuentra de manos atadas frente al colapso de su nueva infraestructura. Según advirtió Olmos, aunque la empresa responsable entregó la obra como finalizada, la realidad operativa es nula, dejando un escenario de «indefensión contractual» que complica cualquier acción legal contra los ejecutores.
Uno de los puntos más críticos, explicó, es la devolución y vencimiento de las boletas de garantía, que debían respaldar la correcta ejecución del proyecto. “Al haberse realizado la recepción como si todo estuviera funcionando, las boletas fueron recogidas y en algunos casos ya están vencidas, lo que limita las posibilidades de resguardo para el Estado boliviano”, señaló.
El asesor legal indicó que el contrato original fue modificado en al menos siete oportunidades durante la ejecución del proyecto, mediante contratos adicionales que fueron introduciendo cambios parciales. “Eso terminó desvirtuando el contrato llave en mano, que debía asegurar una entrega integral de la planta, con pruebas de producción y capacitación al personal”, explicó.
Respecto al futuro inmediato de la planta, Olmos señaló que la ESM notificó a Sino Steel el pasado 29 de enero con la intención de resolución del contrato, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para responder, plazo que vence este 12 de febrero. Hasta el momento, indicó, no existe una respuesta oficial de la empresa.
La ESM espera que la contratista reconozca las fallas detectadas y acepte la anulación de las recepciones provisionales y definitivas, lo que permitiría otorgar nuevos plazos para subsanar las observaciones técnicas y dejar la planta operando. “Lo que buscamos es que la planta funcione y produzca; evitar un arbitraje y recuperar este proyecto estratégico para el país”, afirmó.