Proyecto de ley sobre conversión de propiedad agraria debilita control estatal

La Fundación Tierra expresó su preocupación por la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, a simple solicitud del interesado y en un plazo no mayor a 10 días.
La organización advirtió que la norma abre una vía excepcional que contraviene el marco técnico y jurídico que regula la clasificación de tierras en Bolivia, debilitando el rol del Estado como garante de la seguridad jurídica y del control sobre la tenencia de la tierra.
El centro de investigación explicó que la pequeña propiedad cumple una función social orientada al sustento familiar, es indivisible, inembargable y exenta del pago de impuestos, mientras que la mediana propiedad combina producción familiar y comercial, puede dividirse, hipotecarse y está sujeta a verificación periódica de la Función Económico Social (FES).
En ese marco, la Fundación Tierra alertó que permitir la conversión voluntaria supone una omisión del proceso técnico-jurídico de saneamiento, que incluye la validación del uso de suelo, la vocación productiva y la protección ambiental.
Según el análisis de la entidad, el proyecto no constituye una simplificación administrativa, sino una “renuncia expresa del Estado a su obligación de fiscalizar la tenencia de la tierra”.
También cuestionó las justificaciones oficiales, que sostienen que la conversión fomentará la producción y facilitará el acceso a créditos, señalando que esos argumentos carecen de sustento técnico, ya que la productividad y el financiamiento no dependen del tipo de propiedad, sino de políticas crediticias, rentabilidad y capacidades agroambientales.
La Fundación identificó tres motivaciones de fondo detrás de la propuesta: la regularización de predios indebidamente titulados, la ampliación del mercado de tierras y la expansión urbana especulativa.
Recordó que en el departamento de Santa Cruz existen más de 36 mil predios registrados como pequeñas propiedades ganaderas que suman 2,5 millones de hectáreas, de las cuales unas 540 mil hectáreas están destinadas a la agricultura mecanizada, lo que revela un uso contrario a su naturaleza de sustento familiar.
El documento también observa que las modificaciones introducidas por la Comisión de Tierra y Territorio del Senado eliminan requisitos sustantivos, como la demostración de incremento productivo y la verificación técnica del INRA, establecen la conversión en 10 días mediante declaración jurada y postergan la revisión de la FES por 10 años, transformando al INRA en un mero tramitador administrativo.
Ante este escenario, la Fundación Tierra recomendó suspender el tratamiento legislativo del proyecto, rechazar las modificaciones introducidas por el Senado y elaborar una ley específica que aborde la problemática de las sobreposiciones urbano-rurales de manera planificada.
Asimismo, planteó retomar el debate estructural sobre la reclasificación de la propiedad agraria con criterios técnicos y jurídicos, proponiendo la conformación de una comisión independiente para actualizar la categorización vigente, heredada de la Reforma Agraria de 1953.