jueves, octubre 31, 2024
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Extendida e ilegal explotación de oro

En el país la explotación del oro es una expoliación inaudita, ante la mirada contemplativa del Gobierno, originando graves y diversos daños. En los lugares de explotación, los pobladores son los primeros damnificados. Desde hace años el Beni, Pando y la provincia Larecaja (Mapiri) de La Paz ya eran zonas tradicionales del saqueo de esta riqueza natural, pero la codicia insaciable se extiende incluso más al norte del departamento, llegando al Madidi, tal cual denuncian los expertos. Este extremo ha determinado la desaparición del río Tuichi, dejando solo charcos, lodazales y pedregales.
El uso indiscriminado de mercurio (metal líquido y plateado) contamina el medio ambiente y a los habitantes, además de envenenar peces. La especie sobreviviente aún constituye recurso alimenticio en esa región. Los peces se los expende también en La Paz, con los mismos efectos indicados.
Se ha revelado que Bolivia es el primer comprador de mercurio del mundo, dando una idea de la magnitud de la explotación del preciso metal, de modo tal que se debe usar gran cantidad de mercurio por cada onza de oro obtenida. De tan horrible realidad, el Gobierno es el menos enterado y prevenido, dejando que los mineros actúen a su libre albedrío, sin rendir cuentas a alguien. La muy alegre AJAM (Autoridad Adminstrativa Minera) otorga concesiones en áreas protegidas y reservas naturales. Una etnia del Madidi sufre avasallamiento y expropiación en su propio hábitat por la actividad extractiva y su pobreza la obliga a resignarse ante ésta y otras penalidades, vistas de reojo por las autoridades.
Es seguro que en poco tiempo la olvidada población igualará a Dinamata, isla del Japón, cuya población murió o sobrevive con dolencias incurables por el uso incontrolado de mercurio. Tales dolencias son muy similares a las causadas por las explosiones de dos bombas atómicas en 1945 por las FFAA de Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki.
La situación descrita se debe al pacto reverencial de los gobiernos del MAS con las cooperativas mineras, pacto de privilegio en relación con el resto de la minería. Para empezar, estas cooperativas mineras pagan el escaso 1.5 a 2.5 como impuesto y regalías. Semejante política significa que el MAS antepone sus propios intereses partidarios a los del país. Las llamadas cooperativas negocian su denominación y sus condiciones favorecidas a empresas o grupos aventureros dedicados a la reiterada explotación; estos consorcios operan con maquinaria pesada, siendo su origen dudoso, pero de seguro ingresan a nuestro territorio vía contrabando. La Aduana parece no enterarse.
Las llamadas cooperativas son factor de peso en la política nacional, derrocan gobiernos (Sánchez de Lozada), su número aporta votos y reprime al pueblo, derrochando dinamita y bloqueando (como ante la rebelión de las “pititas”) cuando lo pide el partido.

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