Tras ser aprehendido por negarse a una revisión de equipaje en el aeropuerto de Viru Viru y posteriormente cautelado por supuesta obstrucción de la función policial, el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue beneficiado con libertad pura y simple por un juez de instrucción de Warnes, dando tutela a una acción de libertad interpuesta que argüía razones médicas familiares y denunciaba vulneración de sus derechos durante su detención.
Tras su liberación, Del Castillo señaló a la prensa que buscará obtener el permiso para poder salir del país para gestionar el tratamiento de su hija en una clínica especializada en Chile, luego de que la autoridad jurisdiccional decidiera no imputarlo por obstrucción policial al no encontrar elementos suficientes para materializar su detención.
Según medios locales, persisten dos frentes en la batalla legal que enfrenta el exministro: uno por la vía de la audiencia del recurso constitucional, presidido por el juez Carlos Alberto Moreira, con la que busca garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales y no se dilate su salida; y el otro, un proceso contra el comandante departamental de la fuerza pública, por una presunta aprehensión ilegal o indebida restricción de la libertad.
La madrugada de ayer, medios locales reportaron la retención del exministro en instalaciones del aeropuerto cruceño mientras iba a abordar un avión con su familia rumbo a Chile, luego de que supuestamente se había negado a someterse a una revisión de equipaje. Más tarde, se confirmó que había sido aprehendido y trasladado a dependencias policiales en Satélite Norte.
Sin embargo, en horas de la noche, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia cruceño para ingresar a una audiencia, donde el juez decidió liberarlo de manera irrestricta tras considerar los argumentos presentados. La decisión judicial incluyó el cese de la custodia policial sobre el exministro de Luis Arce Catacora.
En su declaración, el exministro explicó que intentó viajar a Chile el pasado 29 de diciembre porque su solicitud fue aceptada para que su hija sea tratada en un centro médico especializado, ya que padece trastorno del espectro autista. Por esta razón, denunció que su retención y posterior aprehensión vulneraron sus derechos fundamentales y los de su familia, ya que habrían provocado una crisis nerviosa en la menor.
Según relató el exministro a los medios, funcionarios de distintas instituciones aeroportuarias habrían generado demoras injustificadas en Migración, reteniendo a varios pasajeros de vuelos internacionales e impidiendo que aborde el avión con destino a Santiago. También negó que intentó fugarse del país y se conoció que, al momento de su retención, no existía un impedimento legal para que saliera del país.
Horas antes, el Gobierno aseguró que no se encontró ninguna irregularidad tras una revisión. La orden de arraigo ya que la ley establece para todas las autoridades salientes era por 90 días tras concluir su mandato y, como el exministro renunció el 17 de mayo para presentarse como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), la restricción en su contra venció el 17 de agosto.