Luego del régimen del populismo al socialismo que gobernó por dos décadas, se ha producido un cambio de gobierno a un régimen democrático liberal, y en consecuencia una liberación del Órgano Judicial de su dependencia al Ejecutivo y un ambiente social de mayor libertad de expresión. Como consecuencia se han dado a conocer numerosos casos de corrupción política o más propiamente de corrupción en instancias elevadas de poder, es decir aprovechando las funciones públicas, que deben ser de servicio a la sociedad y no de beneficio personal, familiar o de grupo.
La corrupción política se la ha definido como el uso o aprovechamiento de una función de gobierno para beneficio personal (Barómetro Global de la Corrupción) y la publicación anual de Transparencia Internacional señala que, según la percepción ciudadana, los primeros cinco lugares en nivel de corrupción los ocupan: los partidos políticos, la policía, los funcionarios públicos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que abarca a todos los continentes.
Los gobiernos de los Estados, constituidos por partidos políticos, administran los intereses de la población, con recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos e ingresos generados por los bienes y recursos públicos. Es decir de todos los individuos, los que deberían ser escrupulosamente administrados, pero no sucede eso, pues precisamente de los bienes y recursos públicos, echan mano los políticos corruptos, atropellando normas establecidas para la buena administración de los bienes públicos.
La corrupción abarca a todas las instancias de gobierno y servicios, siendo la de la justicia y policía la más sensible a la sociedad, porque estas instituciones deben preservar y precautelar los derechos de la población, y no deberían ser precisamente las que mayor desconfianza causan en la gente, al igual que los políticos en el ejercicio del poder.
La corrupción es tan antigua como el hombre en sociedad, así lo revelan los textos fundamentales de todas las religiones, de donde se infiere que este mal es parte del ser humano. Las religiones en buena medida y la cristiana en particular, es de profundo contenido ético, es decir de observación a mandamientos de conducta, de comportamiento, de respeto a los demás, comenzando por su vida.
Al haber acabado el ciclo populista en nuestro país, se ha desnudado el carácter corrupto del régimen, lo que ha llevado a juicio penal a algunos individuos que ejercían poder y que se habrían beneficiado del mismo para enriquecerse. La lista de casos que se habrían cometido, se acerca a dos centenas entre los más sonados y si se investigara con más denuedo, probablemente llegarían a duplicarse.
Lo lamentable es que, debido al elevado precio de las materias primas que exportamos, como minerales e hidrocarburos, como nunca antes ingresaron al tesoro público importantes montos de recursos económicos que fueron mal administrados y objeto de corrupción, pues se dejaron de lado los mecanismos de control fiscal, como convocatorias abiertas y otros, y se optó por las adquisiciones directas. En consecuencia, muchas obras públicas, instalaciones industriales, adquisiciones de maquinaria etc., fueron de mala calidad, con sobreprecios, instalaciones mal ubicadas o carentes de insumos necesarios para su funcionamiento. El resultado: emprendimientos públicos que no funcionan, que trabajan en mínimo porcentaje de su potencial de instalación, o que no generan ganancias. Adicionalmente, los responsables de la gerencia y administración, carecían de condiciones para ejercer esas funciones (salvadas algunas excepciones). Fueron el nepotismo, partidismo y prebendalismo a organizaciones sociales para tener su respaldo político que ocuparon el manejo de los intereses del Estado, con los resultados que ahora padecemos y que han llevado al gobierno actual, atendiendo la voluntad mayoritaria del voto, a tomar medidas drásticas para encarar el cuadro de deterioro económico y social que nos agobia.
Todo esto hace a la corrupción política del pasado régimen, en el manejo de los intereses públicos que requieren una exhaustiva investigación y la sanción a los responsables, porque así corresponde en un “estado de derecho”.
La organización internacional “World Justice Project Sistem” ubicó a nuestro país en el número 141 de 142 en corrupción.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.