En los últimos años, los índices de pobreza en Bolivia prácticamente no han variado. En 2021, el país registró una pobreza extrema del 11,1% y una pobreza moderada del 36,6%, cifras que se mantuvieron casi iguales en 2022. Según el PNUD, Bolivia ocupó en 2021 el puesto 118 de 120 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con una puntuación de 0,69 sobre 1,00; en 2018, último año del ciclo de mayor subsidio estatal, el país alcanzó 0,71. Este retroceso obliga a cuestionar la verdadera efectividad de los subsidios.
La respuesta llegó con las declaraciones del presidente Rodrigo Paz, quien afirmó que la subvención estatal, tal como fue administrada en los últimos años, “es corrupción”, y advirtió que su Gobierno no permitirá que este mecanismo continúe beneficiando a grupos específicos. A pocos días de asumir la conducción del país, Paz declaró: “En estos cuatro días, solo cuatro días, quiero decir con dolor personal que esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo Estado tranca”. Luego reveló que en dos décadas el MAS habría generado un daño económico a las arcas públicas superior a los 15 mil millones de dólares.
En la misma línea, el Ministerio de Educación denunció que 45 funcionarios fueron contratados por nepotismo y favores políticos, con sueldos que sumaban cerca de un millón de bolivianos mensuales. Los bolivianos no podemos permitir que quienes se beneficiaron a costa de los más necesitados queden impunes.
El Presidente reiteró: “Tenemos que ayudar a la economía para que haya un precio justo, sí, pero no haciendo ricos bajo la excusa de recursos usados de mala manera. En todos los rubros: panificadores, hidrocarburos, gasolina, diésel”.
Durante años, los gobiernos del MAS presentaron a EMAPA como eje del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, destinado a estabilizar precios, eliminar intermediarios e impulsar la producción nacional. La realidad fue distinta. Los datos muestran que EMAPA nunca cumplió su objetivo y que, según productores y recientes intervenciones, se convirtió en un foco de ineficiencia, pérdidas millonarias y presunta corrupción estructural.
El ministro Justiniano informó que, de los 4.600 millones de bolivianos presupuestados para EMAPA este año, apenas se ejecutó el 40%. Aun con esos recursos, la empresa atraviesa una situación financiera crítica porque “no hay plata” para cumplir sus obligaciones. En solo una semana de auditoría se detectaron daños al Estado por más de 95 millones de bolivianos. Uno de los casos más graves se encuentra en una planta procesadora de papas en Chuquisaca, con un daño de 41,4 millones, incluido el uso de una póliza de garantía falsa presentada por un contratista que pretendía cobrar 12 millones adicionales a los 25,7 millones ya pagados por maquinaria retenida en China y “a punto de perderse”.
Justiniano anunció denuncias penales contra funcionarios y privados involucrados, afirmando que en EMAPA operaba “un gran pulpo de corrupción”, con tentáculos diseñados para evadir controles y recibir subsidios mediante compras infladas y “actos circulares de corrupción”.
A su vez, Yussef Akly, presidente ejecutivo de YPFB, confirmó una red nacional de desvío y reventa ilegal de combustible que habría causado un daño anual de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
El Viceministerio de Transparencia reportó en 2023 un total de 1.771 denuncias de corrupción, cifras que el gobierno de entonces rechazó.
A principios de este mes, Christian Mina, abogado y exconsejero de Entel, denunció que fondos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), destinados a ampliar servicios en el área rural, habrían sido desviados a Bolivia TV para financiar transmisiones y propaganda de los gobiernos del MAS.
En el caso del Fondo Indígena, se maneja una cifra estimada de Bs 900.000.000, aunque este monto aún no ha sido oficializado y permanece sujeto a confirmación. Debido a la relevancia y magnitud de estos recursos, el señor Luis Arce Catacora fue convocado para brindar información y aclaraciones respecto a su relación con el caso, esclarecer los hechos y contribuir al proceso investigativo.
Estos casos son solo una muestra de la magnitud del problema. El Gobierno, los trabajadores, los empresarios y toda la sociedad debemos actuar no solo para sancionar los delitos de corrupción, sino para recuperar los recursos indebidamente apropiados por quienes atentaron contra el bienestar de los bolivianos.
El autor es economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).