Desde el Siglo XX, Bolivia asumió la política de protección del patrimonio cultural y natural, bajo los lineamientos de la Unesco, lo que fue enriquecido con la agregación de significaciones propias como, por ejemplo, la importancia que se asigna al “origen”.
Los grandes logros de los siglos XX y XXI son: haber creado y desarrollado una institucionalidad especializada en la protección del patrimonio cultural y natural, la redacción y promulgación de normativa pertinente y la formación de recursos humanos especializados. Asimismo, se cuenta con arquitectura orientada a la protección del patrimonio cultural y natural, como son los museos, archivos, bibliotecas, parques, áreas protegidas y jardines botánicos.
Actualmente Bolivia cuenta con 17 inscripciones en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, distribuidas en 5 categorías. Sin embargo, aún se tiene importantes desafíos, uno de los cuales es la gestión efectiva de los patrimonios inscritos.
Diferentes gestores culturales ya realizaron varias peticiones a las instancias correspondientes para crear una unidad especializada en la gestión de estos patrimonios. Estas solicitudes se fundamentan en varias necesidades que podrían ser cumplidas por una unidad especializada, como ser:
1.- Si bien se cuenta cada vez con más y mejor normativa, aún no existe una Política del Patrimonio de la Humanidad en Bolivia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por nuestro presidente Rodrigo Paz. Se requiere redactar dicha política y organizar el corpus legal generado que, si bien se ha supeditado a la Ley Nº 530, carece de un eje que articule y ordene sus componentes.
2.- A la fecha no se cuenta con el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, señalado en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 5.471.
3.- Aunque cada patrimonio cuenta con un corpus de información, fotografías, videos y otros contenidos almacenados en distintos soportes y espacios (bibliotecas, centros de documentación, páginas web, entre otros), no existe una instancia que centralice, respalde y oficialice esta información. Tampoco existe una entidad encargada de actualizarla mediante procesos de monitoreo e investigación.
4.- Aunque ya se cuenta con algunos instrumentos técnico-legales, la planificación de los Patrimonios de la Humanidad ha recibido escasa atención, especialmente respecto a la orientación para la ejecución de planes de salvaguardia, manejo, planes maestros, sensibilización, investigación, emergencia y salvataje. Una unidad especializada podría fortalecer la planificación y gestión de fondos para la ejecución de estos planes.
5.- Bolivia ha dejado de elaborar su Lista Indicativa del patrimonio y tampoco existen listas indicativas a nivel subnacional.
6.- Los comités de protección, salvaguardia y defensa de los distintos patrimonios no cuentan con una normativa que los reconozca plenamente y reglamente su trabajo.
7.- Aunque se ha promulgado importantes leyes, resoluciones, manuales y guías como parte del corpus normativo de la Ley Nº 530, no existe una instancia dedicada a su socialización ni a la educación patrimonial que permita una adecuada apropiación de los conceptos y responsabilidades.
8.- Como señala el artículo 13 de la Ley Nº 530, el nivel central del Estado debe generar condiciones para la gestión de los bienes arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos.
9.- Frente a los frecuentes conflictos por la apropiación indebida del patrimonio, el Estado boliviano requiere desarrollar marcos teóricos y conceptuales, discursos, normas y mecanismos de protección que permitan responder a las controversias sobre la propiedad colectiva del patrimonio inmaterial. Esta tarea podría ser asumida en parte por la unidad especializada, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Bolivia en Lima.
Por todas estas razones, es pertinente que el actual Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía considere seriamente la creación de la Unidad de Gestión del Patrimonio de la Humanidad en Bolivia, con el fin de cumplir las tareas descritas y otras necesarias para fortalecer la protección de nuestros patrimonios y evitar su deterioro y destrucción, en beneficio del pueblo boliviano.
La autora es antropóloga.