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Ante violento avasallamiento de tierras

Productores exigen protección a propiedad privada en el país

> La CAO demanda seguridad jurídica inmediata a autoridades para los que generan producción y empleo. Asimismo, piden sanciones contra los grupos delincuenciales que generaron zozobra en la población. La ANP reportó agresiones a periodistas en predios de Patujú en Montero.

Tras las acciones violentas ejercidas por grupos de avasalladores de tierras en el municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en representación del sector productivo de Santa Cruz y de Bolivia, exige seguridad jurídica inmediata, que proteja la propiedad privada y a quienes generan producción y empleo en el país.
Asimismo, piden la aplicación estricta de la ley contra los grupos delincuenciales responsables de estos actos, que atentaron contra la vida, la propiedad privada y la producción, generando zozobra en la población y vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE).
“La seguridad de las familias productoras y la estabilidad de la producción agrícola no pueden verse comprometidas. Este tipo de incidentes afecta directamente la seguridad alimentaria del país, el clima de inversiones y el desarrollo económico de Bolivia”, señala el comunicado.
La entidad agropecuaria hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y judiciales para que actúen con responsabilidad y firmeza, evitando la impunidad y restableciendo el Estado de Derecho en las zonas afectadas.

ATACAN A LA PRENSA
Por otro lado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que equipos de prensa de televisión y de redes sociales fueron atacados con palos, con fuegos de artificio y amenazados por avasalladores de tierras en la región de Montero, antes de una operación policial que recuperó un predio rural tomado el sábado 27 de septiembre.
La periodista de la red privada Unitel, Silvana Assaff, sostuvo que estamos escapando de una turba, mientras realizaba un reporte informativo a bordo de una camioneta de la comisión del gobernador Fernando Camacho que abandonó el lugar tras un ataque de encapuchados.
También el camarógrafo que acompañaba a la periodista presentaba molestias auditivas como efecto de la pirotecnia empleada por los avasalladores.

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