Rechazan intento de criminalizar medidas asumidas en pandemia

La senadora Centa Rek y un grupo de asambleístas nacionales de oposición, expresaron su rechazo a los intentos de judicialización y persecución política contra exautoridades del gobierno transitorio, con las que se pretende criminalizar las determinaciones asumidas por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Bolivia (BCB), durante la pandemia del covid-19.
A través de un pronunciamiento, parlamentarias cuestionaron la forma en que se usa el caso del Fondo Monetario Internacional / Instrumento de Financiamiento Rápido (FMI/IFR), para castigar como delincuentes a funcionarios que cumplieron sus responsabilidades durante el gobierno constitucional de Jeanine Añez, señalando y seleccionando discrecionalmente a los acusados, mientras se presiona al Órgano Judicial para conseguir condenas sin sustento jurídico ni técnico.
“Expresamos nuestro pleno respaldo al pronunciamiento emitido por el Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, institución que, con solvencia técnica y profesional, ha señalado la improcedencia del denominado ‘caso FMI/IFR’ y la indebida judicialización de decisiones de política económica adoptadas en un contexto de crisis”, señala parte del comunicado firmado por la senadora Centa Rek y las diputadas María Rene Álvarez, Verónica Aguilera Salazar y Haidy Muñoz.
Dicho pronunciamiento público rechaza la persecución judicial de la que son objeto los profesionales Roger Alejandro Banegas Rivero, José Luis Parada Rivero, Walter Morales Carrasco y Carlos Schlink Ruiz, quienes han demostrado que “este proceso carece de fundamentos técnicos y constituye un claro ejemplo de persecución política”.
“Criminalizar decisiones adoptadas en medio de una crisis no solo destruye la confianza ciudadana, sino que también debilita la institucionalidad económica y el futuro del país”, agregan.
Rek recordó que, durante la pandemia de 2020 los ejecutivos del Ministerio de Economía y del BCB solicitaron al FMI asistencia financiera de emergencia para Bolivia, esto con la finalidad de estabilizar la balanza de pagos por la pandemia con el objetivo de cubrir gastos extraordinarios que se requerían con urgencia para proteger el bienestar de la población, dinero que fue devuelto por el gobierno de Luis Arce por razones político-ideológicas, lo que ocasionó despilfarros millonarios al Estado boliviano.