Tras conocerse la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico potosino Marco Pumari, el abogado y activista de derechos humanos, Jorge Valda, señaló que hay más de 300 presos políticos en el país que deben ser reparados y liberados; también pidió una auditoría a todos los procesos penales de índole político impulsados por gobiernos del Movimiento al Socialismo.
El viernes, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó a los jueces y tribunales departamentales de justicia verificar el cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos contra estas tres exautoridades.
Valda denunció que centenares de personas fueron injustamente perseguidas y exiliadas, mientras otras tantas siguen detenidas con medidas cautelares o detención domiciliaria, enfrentando juicios orales “a raíz de tantos años de odio y de instrumentalización del sistema procesal penal” por parte de los gobiernos socialistas de Arce (2021-2025) y Evo Morales (2006-2019).
“Saludo y reconozco la labor que está cumpliendo el TSJ para desenmascarar los actos autoritarios, abusivos y dictatoriales del gobierno de Luis Arce, contra más de 300 presos políticos al presente. No solamente son Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, (…) tenemos más de 300 presos políticos privados de libertad en cárceles o en sus domicilios, por decir la verdad (…) y todas aquellas personas forzadas a declararse culpables”, manifestó Valda en sus redes sociales.
Entre algunos ejemplos, el abogado citó a los detenidos por los supuestos golpes de Estado de 2019 y 2024, como el ingeniero Fernando Hamdan; dirigentes de Adepcoca, como César Apaza y Raúl Uría; miembros de las resistencias juveniles de Cochabamba y La Paz, procesados por terrorismo; o el grupo de funcionarios de la Gobernación cruceña, quienes protestaron en contra de la detención de Camacho.
AUDITORÍAS Y REPARACIÓN
En tal sentido, el activista sugirió la realización “inmediata” de auditorías a todos los procesos de los perseguidos políticos del socialismo, como –por ejemplo– el empresario y expresidente de Aerosur, Humberto Roca, sosteniendo que una justicia independiente e imparcial debe también ofrecer medidas de reparación, indemnización y resarcimiento para las víctimas.
“Se han arrebatado empresas, corporaciones, escuelas y universidades. Ha sido un monstruo que se ha comido todo el MAS, pero ahora es el momento de recobrar las riendas de la justicia independiente, de hacer auditoría a todos esos procesos y resarcir a las víctimas que todavía están esperando la luz de la justicia”, finalizó.