Los últimos operativos militares en el noroccidente de la provincia de Carchi revelan que la minería ilegal en esa zona no solo altera la vida de parroquias rurales como El Chical y Maldonado, sino que se convirtió en un pilar económico para grupos armados narcoguerrilleros de Colombia.
Según las Fuerzas Armadas, el oro extraído de forma ilícita en Ecuador, principalmente en el sector conocido como El Pablo, es trasladado a procesadoras en el vecino país, generando ingresos que pueden llegar al millón de dólares diarios, de los cuales hasta un 40% va directo a financiar la compra de armas, municiones, explosivos y logística para estas estructuras.
El teniente coronel Cristian Unda, encargado de las operaciones militares en la zona fronteriza de Carchi, explicó a La Hora que este fenómeno se expandió con rapidez en los últimos meses.
«Durante todo el año hemos realizado operaciones en el noroccidente de la provincia de Carchi, específicamente en la parroquia El Chical y la parroquia Maldonado, ya que en los últimos meses se registró un avance acelerado de la minería ilegal. Es por eso que hemos intensificado ahí las operaciones. Prácticamente hacemos nosotros todos los días operaciones contra la minería ilegal», sostuvo.
Precisamente, desde finales de julio de 2025, las FF.AA. desplegaron operaciones masificadas junto a otras instituciones del Estado. Una de ellas evidenció lo que Unda describió como «prácticamente un asentamiento ilegal» en la comunidad de El Pablo. Allí encontraron unas 44 construcciones mixtas, operando como bares, discotecas, tiendas, comedores, todas sin permiso de funcionamiento y utilizadas como puntos de recreación para los mineros ilegales.
En ese operativo se hallaron explosivos, motores, generadores de energía y diversas herramientas propias de la minería ilegal. Incluso se detectó un puente que facilitaba el cruce del río Pablo para acceder a los ingresos de las minas activas, conocidos como bocaminas.
«Fue un golpe importante que hicimos a estas estructuras y lo vamos a seguir haciendo», afirmó el oficial, quien advirtió que la presión no puede ceder, reconociendo que cuando las tropas salen del sector, los grupos ilegales vuelven a armar su logística, vuelven a ingresar a las bocaminas y continúan con esta actividad.
¿POR QUÉ CRECIÓ?
Aunque la minería ilegal no es nueva en la zona, como también fue ampliamente reportado por La Hora, Unda estima que hace ocho meses el fenómeno tomó fuerza.
Según explicó, la logística en El Pablo es más favorable que en otros puntos mineros de Ecuador para este negocio ilícito. «El sector donde ellos están extrayendo material aurífero facilita la logística, porque no está muy alejado de la vía principal, no tienen que caminar demasiado tiempo, como por ejemplo en Buenos Aires (Imbabura), donde las minas realmente están alejadas de las vías. Además, señalan que el oro que hay en El Pablo, en El Chical, es de buena calidad. Entonces, poco a poco se fueron pasando la voz y comenzaron a llegar personas de otras provincias, inclusive de otras nacionalidades. Y obviamente se expandió esta actividad».
CONTROL COLOMBIANO
En cuanto al control territorial, el oficial descartó la presencia de bandas ecuatorianas como Lobos o Choneros en esta zona, como sí ocurre en Imbabura, provincia vecina de Carchi, pero confirmó la influencia de grupos ilegales armados de Colombia.
«Aquí controla esta actividad, hablemos entre comillas, los grupos ilegales de Colombia. Como está El Chical prácticamente en el límite de frontera y hay varios pasos fronterizos no autorizados, pasos ilegales que conectan Ecuador con Colombia en el sector, nosotros tenemos información que los grupos ilegales son los que supuestamente les brindan seguridad a ciertas personas que se dedican a la minería ilegal, les cobran un porcentaje. Inclusive, el material aurífero que sacan acá de Ecuador, del sector El Pablo, lo transportan y lo llevan a Colombia, donde están las procesadoras y ahí también ejercen un control estos grupos ilegales armados colombianos», sostuvo.
En Ecuador, señaló, apenas se identificaron unas tres o cuatro procesadoras pequeñas, destruidas en operativos, pero aseguró que en Colombia hay más de una decena. «Han tomado la decisión de colocarlas en Colombia. En Colombia sí, por lo menos, tenemos nosotros la información que hay unas 30 procesadoras de importante magnitud».
Recordó que en un operativo conjunto con fuerzas colombianas se destruyeron 10 campamentos procesadores, hace unos dos meses, aunque calcula que aún operan entre 20 y 30 más, muy cerca de la frontera.
CIFRAS MÁS RENTABLES
En cuanto a lo lucrativo del negocio, las estimaciones militares son claras, afirmando Unda que solo en el sector fronterizo de Carchi se produciría hasta un millón de dólares diarios en minería ilegal.
«Una sola bocamina tiene la capacidad más o menos de producir de 20 a 40 bultos de material aurífero diarios. Si nosotros multiplicamos, estamos hablando que esa bocamina tiene una capacidad de producir 12.000 dólares. Una sola bocamina. Ahora, hablemos que en el sector yo le calculo que actualmente están funcionando unas 70 bocaminas. Entonces estamos hablando de un aproximado de 840.000 dólares. Y si redondeamos, es un millón de dólares que está produciendo todo ese sector de El Pablo diariamente», comentó.
Sin embargo, advirtió que en la minería ilegal hay dos realidades distintas. Una es la economía criminal organizada, donde grupos delictivos extraen oro a gran escala para financiar actividades como narcotráfico o contrabando, con maquinaria, logística y seguridad armada. Y la otra es la del minero artesanal, que trabaja solo o en pequeños grupos con herramientas simples para ganarse la vida. Aunque ambos operan sin permisos, solo la primera mueve grandes sumas de dinero y sostiene redes delictivas.
«Entonces, solo un porcentaje va a las economías ilícitas, que puede ser del 30% o 40%, mientras el resto a otras personas dedicadas a la minería ilegal. Ahí estamos hablando que estos grupos delictivos se financian tranquilamente con unos 300.000 dólares diarios», afirmó.
En el lado colombiano de la frontera también existen cultivos de coca, pero, según Unda, el interés de los grupos armados está migrando hacia la minería ilegal: «Ahora les están obligando a las personas a trabajar en los sembríos y laboratorios de coca. En la minería ilegal les pagan 40 a 50 dólares diarios a los obreros y en los sembríos de coca les están pagando máximo 6 a 7 dólares diarios (…). Entonces, ahora la gente ya no quiere ir a los sembríos».
COORDINACIÓN BINACIONAL
El oficial advirtió que en El Chical y Maldonado la vida cotidiana cambió radicalmente en un año y medio, situación que también fue reportada por La Hora.
«Antes era una población que tenía limitado movimiento comercial, no había muchos vehículos, los negocios eran relativamente pequeños. Ahora existe gran cantidad de gente de otros sectores, los negocios se triplicaron, existen muchos vehículos, incluso de alta gama, circulan billetes de 100 dólares», expuso.
Esta situación preocupa a las autoridades, ya que afirman que la población se está acostumbrando a que haya un alto circulante de dinero, a que las cosas lleguen a costar el doble o el triple que en la ciudad, a pesar de ser una zona rural.
«La población en algún momento ni siquiera va a permitir ya el control de las fuerzas de seguridad, porque, entre comillas, les conviene que exista la minería ilegal», expuso Unda, quien considera que el combate a estas actividades requiere una estrategia conjunta con Colombia, dado que el oro se procesa y comercializa principalmente allá, a pesar de que la explotación se da en suelo ecuatoriano.
«Estamos haciendo operaciones sostenidas con el Ejército colombiano y en algún momento también las autoridades de Ecuador y Colombia deben reunirse para tener una estrategia binacional, no solamente unilateral, porque el crimen es internacional», aseguró.
Agregó que a pesar del esfuerzo militar, la lucha enfrenta carencias, exponiendo que instituciones del Estado ligadas a estos controles, como la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), dispone de apenas tres funcionarios para Imbabura y Carchi.
«Sería conveniente que en algún momento el Estado les fortalezca a estas instituciones. De igual forma que se fortalezca la Policía Nacional en estos sectores», señaló, al advertir que la geografía montañosa y la falta de vías complican las operaciones, por lo que requieren drones, vehículos blindados pequeños, comunicaciones satelitales y más recursos para cada operativo.
Por el momento, el objetivo de las Fuerzas Armadas es mantener operativos frecuentes en esta zona, para que los mineros ilegales evalúen el costo de entrar y salir constantemente y concluyan, tras la destrucción de campamentos y herramientas, que no les resulta rentable continuar en el sector. (Diario La Hora)