Tras difundirse imágenes que muestran a la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, encadenada a una cama mientras recibe atención médica en el hospital Arco Iris, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó el hecho como “inaceptable y medieval” y anunció modificaciones inmediatas a los protocolos de seguridad en recintos hospitalarios.
“Es inadmisible que, en un Estado que es garantista de derechos, aún se estén utilizando técnicas o métodos propios de la época medieval o de la esclavitud. Por esta razón, se están tomando las consideraciones correspondientes y se ha instruido la modificación de estos protocolos”, manifestó Ríos a la prensa, consultado sobre el uso de cadenas como mecanismo de sujeción en hospitales.
Desde junio pasado, Castro cumple una detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes, tras verse implicada en un presunto caso de consorcio de jueces y abogados. Luego, obtuvo permiso para ser internada en el hospital Arco Iris, donde se reveló que permanece encadenada.
También Ríos recordó que se envió al poder Legislativo el anteproyecto de ley de dispositivos electrónicos de vigilancia (manillas y tobilleras) como elementos fundamentales para reducir el hacinamiento y prevenir hechos de sangre contra mujeres privadas de libertad.
“Es importante poder incorporar un tercer elemento que nos permita instalar estos dispositivos a aquellas personas privadas de libertad que están recibiendo atención médica, para que se deje de lado el uso de este tipo de cadenas, para utilizar dispositivos que también respondan a los estándares de derechos humanos”, acotó el ministro.
MODIFICAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Tras la revelación de esta fotografía, Ríos informó ayer que se ordenó a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario (DGRP) modificar el protocolo de seguridad para privados de libertad enfermos. “Inmediatamente conocidas estas fotografías en los medios de comunicación, he instruido a la DGRP modificar los protocolos de seguridad para las personas privadas de libertad que se encuentran recibiendo atención medica en establecimientos de salud”.