Contratos de litio requieren consensos y debate político

Ante una evidente maniobra del oficialismo para forzar la aprobación de los contratos para la explotación del litio en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé rechazó esta posibilidad, recordando que la socialización y las negociaciones previas a la suscripción de acuerdos nunca fueron realizadas de cara a la población, además que no es responsable tratar este tema en puertas de una elección.
“La ALP no debe aprobar los contratos de explotación de litio. Su negociación no fue transparente, no se realizaron consultas previas e informadas ni estudios hídricos”, expresó la exautoridad, a través de sus redes sociales, recordó todos los cuestionamientos hacia la suscripción de convenios con transnacionales para la explotación de este recurso, sin cumplir con los respectivos mecanismos de socialización y otros.
Según Rodríguez, la intervención de empresas extranjeras en la extracción de un recurso estratégico para el país, debe estar precedida por un debate político serio del que emerjan los consensos necesarios para proceder responsablemente en este tema.
Asimismo, es cuestionable que se pretenda forzar la posible aprobación de los contratos en cuestión a pocos meses para el final de la presente gestión de gobierno y a días para la realización de las elecciones generales.
“Su explotación por empresas extranjeras exige debate y consenso político. No es razonable forzar una aprobación a puertas de celebrar elecciones”, agregó.
Esta semana, organizaciones de la sociedad civil y grupos de profesionales alertaron que la aprobación apresurada de contratos con empresas chinas y rusas, a meses para un cambio de gobierno y en puertas de una elección nacional, solo compromete y pone en riesgo el futro del país.
Mediante un pronunciamiento conjunto, Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia, advirtieron que el tratamiento de los contratos con la empresa china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group para la explotación del litio, no le corresponde a la actual administración ni a un Parlamento que está a meses de finalizar su gestión.
“Como representantes de la sociedad civil y estudiosos del proyecto de explotación del litio boliviano, expresamos nuestro firme rechazo y declaramos estado de alerta ante esta tentativa de comprometer el futuro del país en un momento crítico de inestabilidad política y profunda crisis económica. Nos encontramos a escasos días de las elecciones nacionales y esta decisión no le corresponde ni a este Gobierno, ni a esta Asamblea”, señala un comunicado.
En ese sentido, se ratificó el conjunto de observaciones y cuestionamientos planteados anteriormente, respecto a los convenios suscritos con las empresas interesadas en explotar el litio boliviano y el carácter desfavorable de los contratos que pretenden aprobarse en la ALP.
De acuerdo con las observaciones, los contratos son incompletos, confusos e incongruentes en su redacción y alcance. No muestran ninguna garantía de éxito técnico de una tecnología cuya utilización no se ha demostrado en las condiciones de los salares bolivianos.
No presentan un plan de negocios serio y confiable que demuestre una viabilidad económica de las inversiones ante un escenario internacional altamente incierto y volátil. Los precios del Li2CO3 actuales en el mercado internacional no cubren los costos de explotación, los que a su vez aún no han sido evaluados con seriedad y menos socializados por el Gobierno.
Se trasladan los riesgos financieros al Estado, al comprometer a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio.
Se basan en proyecciones financieras de YLB sobredimensionadas y poco realistas, además de incluir cláusulas técnicas y financieras que favorecen desproporcionadamente a las empresas CBC y Uranium One, minimizando sus riesgos y maximizando sus beneficios, en detrimento de la rentabilidad que debería corresponder a Bolivia.
Dichos contratos no abordan adecuadamente los impactos ambientales por falta de información científica básica, ni establecen mecanismos claros de mitigación. A esto se suma que no se garantiza el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de las comunidades afectadas por esta actividad. Además de dificultar la posibilidad de renegociar a futuro un aumento en las regalías mineras (actualmente en 3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a proteger los recursos naturales estratégicos como el litio y no aprobar los proyectos de contrato que le han sido sometidos. Asimismo, convocamos a la ciudadanía, instituciones, organizaciones y líderes a mantenerse vigilantes. El futuro del litio, de nuestros recursos naturales y de los compromisos del Estado boliviano no debe estar sujeto a decisiones de última hora de un gobierno que está de salida”, finaliza el pronunciamiento.
Ayer, en una nueva sesión bochornosa de la Cámara de Diputados y con el rechazo de opositores y la facción “evista” del Movimiento al Socialismo, el oficialismo impuso el tratamiento del proyecto de ley con el que se pretende aprobar el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa china Hong Kong CBC Sucursal Bolivia, para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, pese a todas las observaciones planteadas anteriormente.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, denunció que existe un contubernio oscuro y burdo entre intereses económicos transnacionales y parlamentarios del oficialismo para imponer la aprobación de estos contratos.